Guatemala.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó a un tribunal guatemalteco una copia certificada de tres planes militares de contrainsurgencia ejecutados por el ejército en los años 80, informó hoy una fuente judicial.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, busca incorporar en el proceso por genocidio que se tramita en Madrid los planes militares Sofía y Victoria 82, y Plan Firmeza 83. EFE/Archivo
El titular del Juzgado Undécimo de Primera Instancia, Eduardo Cojulum, dijo hoy a periodistas que ayer, martes, recibió la petición de Pedraz y que ya realiza las diligencias respectivas para poder enviar la copia certificada solicitada.
El magistrado español busca incorporar en el proceso por genocidio que se tramita en Madrid los planes militares Sofía y Victoria 82, y Plan Firmeza 83, bajo el argumento de que detallan la planificación de los hechos denunciados en la Audiencia por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.
En diciembre de 1999, Menchú presentó una demanda por genocidio, torturas y terrorismo de Estado en contra de dos civiles y seis ex altos mandos militares, entre ellos los ex jefes de Estado de facto, general Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía (1983-1986).
Según Cojulum, la solicitud de los planes ya han sido pedidos al Ministerio de la Defensa y al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal que tiene dos de ellos bajo custodia.
Desde marzo pasado, el Juzgado Segundo tiene los planes Victoria 82 y Firmeza 83 y prohibió revelar el contenido de los documentos.
El plan Sofía 82 no fue entregado al tribunal por el Ejército, bajo el argumento de que no existe.
Según el abogado Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), la petición de Pedraz está basada en su calidad de juez del proceso que por genocidio se sigue ante la Audiencia y en el principio de jurisdicción universal.
Morales aseguró a periodistas que los planes militares "arrojan indicios contundentes de la existencia de un plan genocida que era implementado durante el conflicto armado".
La querella en contra de los acusados no ha prosperado debido a que en junio de 2006, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, suspendió todas las audiencias judiciales al amparar a Ríos Montt, quien había presentado un recurso para evitar su indagatoria.
En julio de 2007, Pedraz visito Guatemala con el fin de investigar a los imputados, pero salió del país sin poder hacer la diligencia ante el fallo de la CC.
La guerra interna de 36 años que acabó en 1996 con la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
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