La oposición se prepara para las elecciones y el Gobierno denuncia bloqueo a Evo Morales

La Paz.-  Varios líderes opositores anunciaron hoy candidaturas y proyectos de cara a los comicios generales, que se celebrarán en nueve meses en Bolivia, mientras que el Gobierno denunció una campaña para intentar bloquear a Evo Morales.

El primer opositor en anunciar públicamente su candidatura a la Presidencia de Bolivia fue el alcalde de la ciudad andina de Potosí (sur) y líder de la izquierdista Alianza Social (AS), el indígena quechua René Joaquino, según informaron este miércoles medios locales.

"Nuestra agrupación es del pueblo que quiere cambio, pero un cambio verdadero (...) Creo que no debemos ser dependientes de Venezuela, Bolivia debe ser un país independiente", afirmó el alcalde potosino.

Los dos únicos candidatos, por el momento, a las elecciones del 6 de diciembre son Joaquino y el propio Morales, si bien el ex presidente Carlos Mesa y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, de etnia aimara, han adelantado que trabajan en sendos proyectos políticos de cara a los comicios.

Además, hoy se hizo pública la escisión del conservador Poder Democrático y Social (Podemos), principal fuerza opositora de Bolivia liderada por el ex presidente Jorge Quiroga.

Los parlamentarios "podemistas" de la región de Santa Cruz (este), liderados por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, anunciaron la creación de una nueva fuerza política por las "muy profundas" diferencias con la alianza derechista.

Estas diferencias se remontan, según recordó Ortiz, a la decisión de Podemos de apoyar el pacto parlamentario del pasado 21 de octubre que permitió la convocatoria del referendo sobre la nueva Constitución impulsada por Morales, celebrado el 25 de enero.

Aquel acuerdo, que llegó tras semanas de protestas violentas en el país y un proceso de diálogo observado por varios organismos internacionales, supuso la modificación de más de cien artículos del proyecto de Carta Magna que aprobó la Asamblea Constituyente de Bolivia en diciembre de 2007.

"Cuando se atenta contra las posiciones de principios que fundamentan las razones por las cuales estamos en política y si no hay coincidencias, lamentablemente ya no se puede seguir compartiendo un mismo proyecto", resumió hoy Ortiz.

La nueva fuerza política impulsada por los "podemistas" cruceños, todavía sin cabeza visible para la candidatura a la Presidencia de Bolivia, pretende combinar una visión democrática y autonomista "con un alto contenido de solidaridad social".

El resto de parlamentarios de Podemos no apoyaron la decisión de los diputados cruceños y les acusaron de "oportunistas".

En medio de este ambiente preelectoral, el Gobierno boliviano acusó hoy a sus opositores de promover una campaña para intentar vetar la candidatura de Morales a las presidenciales.

El Ejecutivo se refiere así a la demanda judicial contra Morales que han presentado los prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca en la que acusan al presidente de haber propiciado la corrupción en la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

YPFB se encuentra desde fines de enero bajo una investigación que provocó la destitución y encarcelamiento de su presidente Santos Ramírez, un dirigente oficialista muy cercano a Morales, acusado de corrupción en un contrato con la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice.

El caso estalló con el asesinato del empresario boliviano Jorge O'Connor D'Arlach cuando transportaba 450.000 dólares a la casa de unos familiares de Ramírez, suma que los fiscales y la oposición presumen que era un soborno para el ejecutivo de YPFB.

El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, aseguró que con esta acción se quiere vetar la candidatura de Morales y acusó a los prefectos de "atentar contra el proceso de cambio a través de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza".

En la misma línea, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó los procesos contra Morales de "chacota jurídica".

Las elecciones presidenciales del 6 de diciembre están previstas en una disposición transitoria de la nueva Constitución promulgada el pasado 7 de febrero.