La detención del presidente sudanés dependerá de la cooperación de la comunidad internacional

Redacción Internacional.-  La orden de detención emitida hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar Hasán Al Bashir, insta a la cooperación de la comunidad internacional pero, técnicamente, el único sujeto obligado a cumplir ese dictámen es el propio Estado sudanés.

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En el dictámen se indica que la CPI pedirá la "cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (signatarios del tribunal), de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado" para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur.

Sin embargo, la propia jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención "depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar".

Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.

La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó la portavoz de la CPI, Laurence Blairon.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.

El cargo de genocidio necesita que haya "una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población", puntualizó Blairon.

Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a Al Bachir, pues, en su opinión, la orden de detención "es una decisión política, que ha sido preparada desde antes".

A su vez, el titular sudanés de Exteriores, Ali Karti, anunció en Egipto que, a pesar de la orden de arresto de la CPI, Al Bachir asistirá a finales de marzo a la cumbre árabe de Doha.

En una rueda de prensa en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, Karti señaló que "el presidente sudanés continuará con sus funciones oficiales de manera normal, como si nada hubiese ocurrido, por lo que participará en la próxima cumbre árabe de Doha", los próximos días 30 y 31.

Poco después de conocerse el veredicto de la CPI, Sudán decidió expulsar de su territorios a diez organizaciones de asistencia extranjeras.

Un responsable del Ministerio sudanés de Asuntos Humanitarios, que no fue identificado, declaró a la agencia de noticias estatal SUNA que se ha decidido expulsar a diez organizaciones británicas, francesas y estadounidenses que trabajan en la región de Darfur.

La fuente no dio más detalles sobre esta decisión, ni especificó el nombre de las organizaciones afectadas.

Con anterioridad, el asesor presidencial Mustafa Ozman Ismail había señalado en declaraciones a la televisión estatal sudanesa que "el gobierno sudanés se comportará con total responsabilidad de acuerdo a la ley y protegerá a los extranjeros residentes en el país".

A su vez, la portavoz de la ONU, Marie Okabe, manifestó que el secretario general, Ban Ki-moon, ha instado al Gobierno de Sudán a garantizar la seguridad de la población civil y el personal de la ONU en el país ante una posible reacción violenta a la orden de arresto internacional contra Al Bashir.

Ban "insta al Gobierno de Sudán a seguir cooperando con las agencias de la ONU y los cooperantes, y a cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de la población civil, el personal y la propiedad de la ONU y la de los cooperantes", dijo Okabe en una declaración.

Ban reafirma en su declaración la determinación de Naciones Unidas para seguir adelante con las actividades de la organización en la zona, incluidas las misiones de paz que tiene desplegadas en Darfur y en el sur de Sudán.

"El secretario general de la ONU insta a todas las partes a trabajar de buena fe a favor de una solución pacífica que ponga fin al conflicto de Darfur", apuntó Okabe.

Egipto pidió la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para retrasar la ejecución de la orden de arresto contra el presidente sudanés, informó la agencia oficial MENA.

El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.