Sudán dice que no entregará a su presidente Omar Hasan al Bachir a la Corte Penal Internacional

Jartum.-  El ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció hoy que su país no entregará al presidente Omar Hasan al Bachir, poco después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra él.

"La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes", afirmó Sedrat en declaraciones a los periodistas en Jartum.

La CPI emitió hoy una orden de arresto contra Al Bachir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

Sedrat insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer porque este tribunal "no tiene competencia ni poderes en Sudán", y aseguró que "Al Bachir continuará sus labores de forma habitual".

De hecho, el presidente sudanés asistió esta mañana a un acto, celebrado en la región de Karrai, en el norte de la ciudad de Om Dormán, vecina a Jartum, para celebrar la graduación de nuevos pilotos militares.

Tras el anuncio de la emisión de la orden de arresto, miles de sudaneses tomaron las calles del centro de la capital para protestar contra la decisión en medio de estrictas medidas de seguridad.

Los manifestantes se congregaron delante de la sede del Consejo de Ministros y corearon eslóganes en contra de la orden y de apoyo al mandatario sudanés.

"Continúa, continúa Bachir. Estamos contigo, guía", gritaron los manifestantes, al tiempo que criticaron a los países occidentales, sobre todo, a EEUU.

En las entradas de Jartum, cientos de agentes del ejército y de la policía se desplegaron, según pudo comprobar Efe.

Por otro lado, el asesor presidencial Mustafa Ozman Ismail dijo en declaraciones a la televisión estatal sudanesa que cuentan con apoyo de la Organización para la Conferencia Islámica, la Liga Árabe y la Unidad Africana, entre otras organizaciones internacionales.

También apuntó que algunos países vecinos de Sudán ya han señalado que no cumplirán con la resolución de la CPI como Egipto, Libia y Eritrea, y manifestó su esperanza de que otros estados como Etiopía y Arabia Saudí la rechacen.

Además, apuntó que "el gobierno sudanés se comportará con total responsabilidad de acuerdo a la ley y protegerá a los extranjeros residentes en el país".

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo protegerá a cualquier extranjero, siempre y cuando se respeten las leyes del país, tradiciones y costumbres del mismo.

El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.