Washington.- España es un país que respeta los derechos humanos pero aun así se han registrado irregularidades en el proceso de detenciones y en la expulsión de inmigrantes indocumentados.
El informe destaca que el Gobierno español respetó en líneas generales los derechos humanos de sus ciudadanos y el sistema judicial proporcionó los medios necesarios para hacer frente a los casos aislados de abuso. EFE/Archivo
Esas son algunas de las conclusiones a las que llega el capítulo de España del "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos y que se divulgó hoy.
El informe destaca que el Gobierno español respetó en líneas generales los derechos humanos de sus ciudadanos y el sistema judicial proporcionó los medios necesarios para hacer frente a los casos aislados de abuso.
Aún así, llama la atención sobre las informaciones que documentan casos de abuso de sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad y el trato indebido a algunos hijos de inmigrantes en centros de detención.
El estudio cita el informe anual del Consejo del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), publicado en mayo, en el que se indica que en el 2007 un total de 720 personas presentaron quejas por malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, un aumento del 18 por ciento frente al 2006.
Además, el análisis recuerda que la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, concluyó, tras una visita a Tenerife, Madrid y Vitoria en junio pasado, que los funcionarios maltrataron a personas detenidas.
Khan dijo que esos malos tratos no eran sistemáticos pero insistió en que se trataba de una "práctica extendida" en todo el país.
Asimismo el estudio indica que las autoridades retrasaron la comparecencia de personas detenidas ante un juez y la ayuda legal.
El estudio destaca también las informaciones sobre la expulsión de inmigrantes indocumentados en algunos caso sin realizar un análisis detallado sobre posibles asilos.
El estudio menciona también como un "problema" la prolongada espera de los detenidos para tener acceso a un juicio y añade que es común que solo se les garantice el acceso a un abogado cuando realizan una petición formal.
Por otro lado, el Departamento de Estado menciona tambien el trafico de personas y dice que pese a que la ley lo prohíbe, "el país fue un destino y un punto de tránsito para víctimas de tráfico con el objeto de ser explotadas sexualmente y en menos medida sometidas a trabajos forzados".
Señala, en ese sentido, que las mujeres víctimas de tráfico tenían entre 18 y 24 años, aunque según distintos informes también había niñas de 16 años. Las mujeres procedían sobre todo de América Latina, Europa del Este y el África Sub-sahariana.
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