AI equipara a España con Rusia en respuesta a las denuncias de tortura

Madrid.-  Amnistía Internacional (AI) equipara a España con Turquía, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán en cuanto a la respuesta judicial que se da a las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos para obtener confesiones.

(Amnistía Internacional)

Directora de la Sección española de AI, Eva Suárez Llanos.

Así figura en el apartado relativo a la situación en Europa del informe de Amnistía Internacional sobre "El estado de los Derechos Humanos en el mundo" correspondiente a 2009, que ha sido presentado hoy.

España también figura en el informe de AI por la presión que se ejerce sobre países africanos para frenar la inmigración irregular y los obstáculos y dificultades con que se encuentran las víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir protección.

AI critica que las denuncias de tortura no den lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas, que se sigan considerando estas denuncias como parte de una estrategia para desacreditar al Estado, que los casos judiciales avancen con lentitud y escasa diligencia, y que se impongan penas leves a los agentes a los que se declara culpables.

"En países como Bosnia-Herzegovina, España, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbequistán, tales obstáculos no hacían sino perpetuar una cultura de impunidad", señala el informe.

En declaraciones a Efe, la directora de AI para España, Eva Suárez-Llanos, ha explicado, sobre la referencia a España en este apartado, que "no se trata de comparar países, ni de decir que un país tortura más y mejor que otro, es que es inaceptable la tortura, haya un caso o mil".

Ante cualquier denuncia de torturas o malos tratos "no hay que dar más o menos credibilidad a las partes, hay que investigar y enviar el mensaje claro de que es inaceptable".

Otro de los aspectos que AI reprocha a España, Turquía, Ucrania y Rusia, entre otros, es a la hora de rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a países donde "corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".

Así, en el apartado dedicado a España, el informe detalla el caso de Murad Gasayev, un ciudadano ruso de origen checheno que fue extraditado a Rusia "a pesar de que existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos".

Pese a que el propio Comité Europeo para la Prevención de la Tortura advirtió a España del peligro que corría el detenido, éste fue extraditado por el Gobierno español.

"El propio hecho de pedir garantías diplomáticas revela que no te fías del país al que estás mandando un preso", ha lamentado Suárez-Llanos de la actitud del Ejecutivo español.

También el sirio Basel Ghalyoun, absuelto de su implicación en el 11-M y cuyo permiso de residencia había caducado, fue expulsado y devuelto a su país pese a las advertencias de que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria.

Al llegar a Siria, Ghalyoun fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado, denuncia AI.

En el informe, España también aparece mencionada en los apartados dedicados a Mali y Mauritania por sus actuaciones relativas a la expulsión de inmigrantes irregulares y la aplicación de los acuerdos de inmigración firmados con estos países.

Así, el informe detalla que al menos 250 personas migrantes detenidas en España fueron devueltas a la capital, Bamako, durante 2008, como lo fueron otro centenar de migrantes detenidos y recluidos en Libia durante meses.

"Algunos de ellos denunciaron que habían sido golpeados por las fuerzas de seguridad españolas y libias", precisa AI.

También en Mauritania se detuvieron "arbitrariamente a cientos de personas sospechosas de intentar llegar a países europeos, sin pruebas de sus intenciones y aunque no es delito salir de Mauritania irregularmente".

Según AI, estas medidas parecen consecuencia de la presión de la UE, especialmente España, para controlar la migración a Europa.

Además, subraya que muchas personas migrantes están recluidas en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania, conocido localmente como 'guantanamito', que no está sometido a ningún control judicial y donde algunas sufren malos tratos.