Toledo.- La organización agraria COAG-IR considera hoy que la Comunidad Valenciana adeudaría 9.700 millones de euros a Castilla-La Mancha y a otras regiones cedentes de agua como Madrid y Extremadura, de aplicarse las conclusiones de un estudio de la Universidad de Alicante conocido ayer.
La organización agraria COAG-IR considera hoy que la Comunidad Valenciana adeudaría 9.700 millones de euros a Castilla-La Mancha y a otras regiones cedentes de agua como Madrid y Extremadura. EFE/Archivo
El estudio cifra en 10.000 millones de euros las indemnizaciones a que tendría derecho la provincia de Alicante por las pérdidas económicas y el lucro cesante que les supondría no contar con el agua del trasvase Tajo-Segura de llevarse a cabo su caducidad.
A los 10.000 millones de euros, de los que 3.500 corresponderían a la provincia de Alicante, habría que sumar la responsabilidad patrimonial del Estado sobre el resto de sectores económicos y el lucro cesante derivado de la paralización del trasvase, señala el estudio.
La organización agraria dice que el cálculo que hace sobre la deuda de la Comunidad Valenciana se basa en otro estudio también de la Universidad de Alicante, que cifraba en 300 millones de euros las compensaciones recibidas por las regiones cedentes entre los años 1986 y 2007.
COAG-Iniciativa Rural considera en un comunicado difundido hoy que las regiones cedentes deberían percibir entonces la diferencia entre las compensaciones recibidas entre esos años y las que reclaman para Alicante.
El estudio elaborado por la Universidad de Alicante fue promovido por la patronal Alicantina COEPA y la Fundación Agua y Progreso, y presentado ayer por el coordinador de la investigación, don Joaquín Melgarejo y el Conseller de Medio Ambiente de la Comunidad Valencia, don José Ramón García Antón.
La misma universidad presentó en julio del pasado año otro estudio, promovido igualmente por COEPA y la Fundación Agua y Progreso, que cuantificaba en 300 millones de euros las compensaciones percibidas por Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura por el trasvase de 7.500 Hm3 desde el año 86 y a cerca de 10.000 Hm3 desde que el canal empezó a funcionar.
COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha sostiene que a la vista de las conclusiones de ambos informes, la Comunidad Valenciana debería abonar a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura la diferencia entre los 300 millones de euros de compensación recibida por los trasvases y los 10.000 millones de euros en que cifran los beneficios económicos que está generando el agua del trasvase en la provincial de Alicante.
COAG-IR estima que estos informes "reafirman la generosidad que las regiones y cuencas cedentes han tenido durante todos estos años con las cuencas beneficiarias del trasvase".
Agrega que "realmente no se ha compensado mínimamente la capacidad de generación de riqueza, actividad económica y empleo que Castilla-La Mancha ha transferido junto con el agua desde que el Trasvase Tajo-Segura comenzó a enviar recursos al Levante".
Igualmente, la organización considera que se refuerzan los argumentos de que Castilla-La Mancha debe hacer cuanto esté en su mano para levantar la "sangrante hipoteca que para el desarrollo de esta región supone el trasvase Tajo-Segura".
Al mismo tiempo "apoya la derogación del trasvase en el 2015 con una reducción progresiva de los trasvases posibles que debe aprobarse modificando las actuales reglas de explotación".
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