Toledo.- La asociación agraria COAG-IR de Castilla-La Mancha ha cuestionado en una nota de prensa "la seriedad y objetividad" del estudio de la Universidad de Alicante sobre el trasvase Tajo-Segura en el que se estima que su derogación costaría al Estado 20.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones
En la imagen de archivo, las obras de la tubería de abastecimiento a la llanura manchega, una conducción de agua desde el trasvase Tajo-Segura.
El estudio, titulado "La responsabilidad patrimonial del Estado ante la hipotética reducción o cancelación del trasvase Tajo-Segura", ha sido coordinado por el profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, e impulsado por la patronal alicantina y la Fundación Agua y Progreso.
A juicio de COAG-IR, el informe lo único que pone de manifiesto es "la extraordinaria riqueza que se ha creado en el Levante con los recursos propios de Castilla-la Mancha y que, a tenor de los datos hechos públicos, evidencian la generosidad de esta región que había podido utilizarlos en beneficio de sus ciudadanos", subraya en el comunicado.
Sin embargo, en el estudio no se habla de la "sospechosa" gestión que se está haciendo del agua procedente del trasvase y del "mercado negro en el que el líquido elemento se vende con fines especulativos", ha denunciado en el comunicado la organización agraria para la que el documento, además de "perverso", contempla "únicamente lo que le interesa".
COAG-IR presume que estos datos se han hechos públicos coincidiendo con el inicio del curso político en el que se ha vuelto a retomar el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha e intentar "amedrentar" una vez más al Estado, con el fin de "bloquear la justa aspiración de la comunidad autónoma a ser prioritaria en la utilización de sus propios recursos".
Para la organización agraria, estas estrategias demuestran que no hay excusa para poner fin a la paradoja de que, con los recursos de Castilla-La Mancha, se esté impulsando desde hace veinte años el desarrollo económico de otras regiones en detrimento de ésta y que, encima, se nos tilde de insolidarios".
COAG-IR ha reiterado su confianza en que el Gobierno autónomo y la oposición alcancen el acuerdo necesario para sacar adelante un Estatuto que garantice el abastecimiento de las necesidades de agua económicas y medioambientales presentes y futuras de la región, la prioridad en la utilización de sus propios recursos para el desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha y la conservación del patrimonio natural.
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