Las Palmas de Gran Canaria.- El Gobierno canario pedirá al Ejecutivo español que articule determinadas modificaciones legales y fiscales en la ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ante la necesidad de incrementar la captación de empresas que operan en la Zona Especial Canaria, cuyo número asciende a 354.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (2i), se reunió hoy con el consejo Rector de la Zona Especial Canaria (ZEC), encabezado por su presidente, Juan Alberto Martín (2d), con el que trató diversos asuntos de esta entidad.
Esta será la reclamación que el titular del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, trasladará al español tras reunirse hoy con el presidente de la zona de baja tributación fiscal canaria, Juan Alberto Martín, quien, al igual que hizo en una reunión previa con responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, expuso la necesidad de mejorar las potencialidades de este instrumento fiscal en momentos de crisis como el actual.
El presidente canario coincidió con Martín en que la ZEC, que ha generado 3.000 puestos de trabajo desde su puesta en marcha, en el año 2000, precisa mejorar algunos aspectos que podrían ayudar a captar más empresas y, con ello, a generar más empleo de calidad en sectores como el industrial, un objetivo, dijo, que es la "máxima prioridad del Gobierno de Canarias en estos momentos".
Que las sucursales de empresas extranjeras sean consideradas como nuevas empresas; que el territorio de cada isla sea zona ZEC en su totalidad, en lugar de que sigan existiendo áreas restringidas para la instalación de industrias y empresas de transformación o que las empresas de grandes dimensiones puedan acogerse a los mismos beneficios fiscales que el resto son algunas de las modificaciones que el Consorcio de la ZEC reclama.
Juan Alberto Martín consideró que, de aprobarse estos cambios y de resolverse otros "pequeños problemas de interpretación" de la norma, se podría conseguir que muchas más empresas operaran bajo el paraguas de la ZEC.
A eso, el presidente del Gobierno canario sumó el efecto que sobre el empleo causará la aplicación de la llamada Ley de Medidas Urgentes, cuya aprobación estimó que se produzca en la primera quincena de marzo.
A juicio de Rivero, esta nueva ley impulsará el sector industrial canario, que en la actualidad representa sólo el 4 por ciento del PIB regional, y también permitirá que el campo recupere el protagonismo que tuvo.
Así, el presidente recordó que en Canarias existen 20 millones de metros cuadrados de terrenos clasificados como industriales "que no están en el mercado por distintas razones, algunas de ellas de tipo especulativo" y subrayó que la nueva ley establece que si en los próximos cuatro años esos terrenos no se desarrollan podrán ser desclasificados para clasificarse como públicos y hacer en ellos concesiones administrativas para facilitar así la instalación de industrias.
Además, recordó que la Ley de Medidas Urgentes también permitirá a los ayuntamientos clasificar suelo industrial en su territorio, siempre que reserven el 30 por ciento del total a parcelas menores de 300 metros.
En el marco de la estrategia que desarrolla el Gobierno canario en tiempos de crisis por impulsar medidas que favorezcan el empleo y garanticen el bienestar de los más desfavorecidos, Rivero informó de que el viernes se reunirá con el PSC-PSOE, los sindicatos y los empresarios "para hablar de qué cosas se pueden modificar del REF para ponerlas al servicio de los ciudadanos".
A ese encuentro, dijo, acudirá sin propuestas, ya que irá a "escuchar" y a trabajar. Posteriormente, convocará a su consejo asesor para informarle de los acuerdos que se decidan.
En cualquier caso, Rivero recordó que el Ejecutivo ha decidido declarar de interés general y de urgencia todas las obras públicas presupuestas este año, cuyo importe supera los 1.000 millones de euros, a los que se suman, dijo, los 60 millones que el Ejecutivo ha anunciado para salvar unos 35.000 empleos que están en peligro.
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