Paulino Rivero dice que la Ley de Medidas Urgentes aboga por la agricultura y respeta la dimisión de García

Santa Cruz de Tenerife.-  El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, dijo hoy que respeta la decisión de Faustino García de dimitir como director de la Agencia de Desarrollo Sostenible por su discrepancia con la propuesta de ley de Medidas Urgentes, pero afirmó que el objetivo de esta ley es, entre otros, conservar el suelo rústico.

Paulino Rivero, en declaraciones a los periodistas, señaló que la propuesta de ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo es buena, potencia el sector primario y al industrial y recordó el informe unánime positivo del Consejo Consultivo a pesar de tratarse de una gran ley que toca muchos aspectos.

El presidente señaló que el objetivo del Gobierno canario "por encima de todas las cosas" es facilitar que la gente que vive en Canarias pueda trabajar, y señaló que para facilitar el trabajo hay que apostar por diversificar la economía.

Reiteró que las claves de la Ley de Medidas Urgentes es la de diversificar la economía canaria, la creación de empleo y la conservación del territorio.

Al ser preguntado por las declaraciones del hasta ayer director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible al no estar de acuerdo, entre otros factores, con la ordenación del suelo rústico que se hace en la ley, Paulino Rivero indicó que en el texto se potencia al sector primario.

El presidente del Gobierno canario indicó que en la ley se facilitan los trámites a los agricultores para que puedan hacer obras en sus parcelas, y también se autoriza a aquellos agricultores que garanticen la explotación que puedan destinar el 30 por ciento de su superficie a la construcción una planta de energías renovables.

Con ello, agregó Rivero, se da la posibilidad por un lado de que se mantenga la explotación agraria y por otro lado que se fomenten las energías limpias.

El jefe del Ejecutivo canario afirmó que la ley también procura la legalización de 7.800 explotaciones ganaderas, que son el 85 por ciento del total.

Además, subrayó que permite remover el suelo industrial y recordó que en Canarias hay más de 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial clasificado, aunque muy poca superficie de este suelo está en el mercado debido a los movimientos especulativos.

Con esta ley, apuntó Rivero, se establece que todo el suelo industrial clasificado que no se desarrolle durante los próximos años podrá ser desclasificado o expropiado para darlo en régimen de concesiones administrativos.

Rivero señaló que los ayuntamientos también podrán clasificar suelo industrial con el único requisito referido a que el 30 por ciento deben ser parcelas menores de 300 metros cuadrados para facilitar la recolocación de pequeñas industrias.

El jefe del Ejecutivo canario manifestó que la ley mantiene la apuesta de no clasificar ni un solo metro más de suelo turístico y mantiene la moratoria con la única novedad de que en lugar de poder autorizar cada año 3.200 camas que es lo que permitía la anterior moratoria turística, se apuesta por la rehabilitación pero acotados en el tiempo.

En concreto, todos los proyectos que se quieran ejecutar deben presentar el proyecto como máximo dos años después de haberse aprobado la ley y comenzar las obras en el tercer año con el objetivo también, dijo Rivero, de buscar una inyección a la economía de Canarias.