Madrid.- El Gobierno asegura que en ningún momento se han endurecido los controles de entrada a los inmigrantes en los aeropuertos españoles y que los funcionarios policiales se limitan a cumplir lo establecido en la legalidad vigente.
Así lo señala el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del senador del Grupo Popular Jesús Gonzálvez García, quien se interesó por el caso de una ciudadana argentina, Gabriela Colvín, quien denunció que a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 7 de julio fue maltratada por las autoridades españolas al igual que otros compañeros latinoamericanos.
El senador del PP recuerda que este caso ha tenido cierta repercusión en Argentina y que SOS Racismo ha denunciado que, con este tipo de actuaciones, el Gobierno "está tratando de demostrar que hay mano más dura" en el control de la llegada de inmigrantes a los aeropuertos.
Por ello, pregunta al Gobierno si es cierto que, tal y como ella denunció en su día, Gabriela Colvi estuvo encerrada junto a otros extranjeros durante ocho horas en un cuarto donde no pudieron beber agua, hablar por teléfono, o ir al baño.
Además, si el Ejecutivo ha endurecido sus controles aduaneros en los aeropuertos, y cuántos ciudadanos latinoamericanos fueron obligados a embarcar de nuevo hacia sus países por las autoridades españolas.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que "en ningún momento se han endurecido los controles de entrada, limitándose los funcionarios policiales al cumplimiento de lo establecido en la legalidad vigente".
El número de pasajeros latinoamericanos retornados a sus países entre los meses de enero y junio de 2008 ascendió a 4.493 personas, según la respuesta del Ejecutivo, que aclara que esta cifra supone un 43 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2007.
Respecto al caso concreto de la ciudadana argentina, el Gobierno afirma que se le instruyó el correspondiente expediente administrativo de inadmisión en frontera y que fue asistida en el aeropuerto por un letrado del Turno de Oficio.
Recuerda que la ley exige a los nacionales de países que no pertenecen al territorio Shengen para entrar en España una carta de invitación, el billete de regreso y medios económicos determinados para su mantenimiento durante la estancia.
Añade que, mientras la Policía Nacional confirma si cumplen con los requisitos exigidos para el paso por frontera, los pasajeros permanecen en la zona de llegadas, "no encontrándose en ningún momento encerrados, al tener total libertad ambulatoria por la zona y disponer, asimismo, de cuartos de aseo públicos de los que pueden hacer uso en todo momento".
El Gobierno subraya que si se comprueba la inadmisión del extranjero, éste es informado inmediatamente y de manera comprensible de las causas que la motivan y de los derechos que le corresponden, como ser asistido por un intérprete y la designación del abogado que desee.
"El trámite de inadmisión no constituye una detención. En ningún momento los pasajeros son sometidos a ningún tipo de maltrato, ni físico ni verbal, por parte de los funcionarios policiales actuantes, que se atienen a sus Principios Básicos de Actuación", asegura el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria.
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