Quito.- La Comisión Legislativa de Ecuador acogió hoy un veto parcial que hiciera el Gobierno y aprobó, de forma definitiva, una polémica Ley de Minería rechazada por grupos indígenas y ecologistas.
La Ley de Minería ha sido una de las más duras pruebas que ha tenido que sortear el presidente Correa, por la oposición de grupos indígenas, que el pasado día 20 realizaron una movilización nacional contra la propuesta minera del Ejecutivo. EFE/Archivo
Con 50 votos, de los 64 asambleístas presentes, la Comisión Legislativa, que cumple funciones del Parlamento en la etapa de transición constitucional que vive Ecuador, ratificó la Ley de Minería, que fue aprobada el pasado 12 de enero en ese foro, pero sometida al análisis del Ejecutivo.
El presidente de la República, Rafael Correa, devolvió el documento al Legislativo con un "veto parcial" o enmiendas que hoy fueron acogidas por la mayoría de asambleístas.
La ley será remitida en las próximas horas al Registro Oficial, que publica el libro de leyes del Estado, para su publicación y entrada en vigor.
No obstante, el legislador Carlos Pilamunga, del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad de la Ley, por considerar que esta beneficia a las trasnacionales mineras y pone en riesgo al medio ambiente.
De su lado, Irina Cabezas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, que pertenece al movimiento oficialista Acuerdo País, indicó que la Ley de Minería defiende la soberanía nacional y promueve responsabilidad social en el manejo de la actividad.
Según Cabezas, la ley minera garantiza que los recursos sean explotados, de forma preferente, por una Empresa Nacional Minera que se creará en el futuro, lo que permitirá al Estado contar con mayores recursos para educación, salud y vivienda.
Uno de los artículos de la Ley, que el Ejecutivo sugirió enmendar, sostiene que la Empresa Nacional Minera "podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta" con empresas foráneas o nacionales, "con la finalidad de cumplir con su objeto social y alcanzar los objetivos nacionales".
Asimismo, establece que las áreas mineras y proyectos mineros, en los cuales entidades públicas hayan realizado investigación geológica, exploración o estudios de rendimiento, serán restituidos al Estado.
La Ley de Minería ha sido una de las más duras pruebas que ha tenido que sortear el presidente Correa, por la oposición de grupos indígenas, antiguos aliados, que el pasado día 20 realizaron una movilización nacional contra la propuesta minera del Ejecutivo.
Correa incluso acusó a grupos ambientalistas de estar detrás de las protestas indígenas, por oponerse a toda forma de minería en el país.
El mandatario prometió que la actividad minera se ejecutará en Ecuador bajo las más estrictas normas de calidad, para minimizar el impacto ambiental.
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