Cientos de indígenas cierran carreteras del norte y sur andino de Ecuador contra la ley minera

Quito.-  Cientos de indígenas de Ecuador bloquearon hoy varias carreteras del norte y del sur andino del país, en la primera jornada de protestas convocada por ese colectivo contra la nueva Ley de Minería, impulsada por el Gobierno.

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(EFE)

Indígenas bloquean una vía en el sector de Guachala, al norte de Quito (Ecuador), en una jornada de protesta contra la ley minera propuesta por el Ejecutivo.

La carretera Panamericana, que cruza el país de norte a sur, ha sido interrumpida por los manifestantes en varios sitios aunque, de momento, el grueso de la protesta se ha concentrado en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha y Azuay.

La movilización, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), comenzó está madrugada y, según varios dirigentes de ese movimiento, se extenderá "hasta que el Gobierno atienda las demandas" y propuestas hechas por la organización.

La polémica Ley de Minería, aprobada por el Legislativo hace quince días, generó una aireada crítica de indígenas, grupos ambientalistas y pequeños mineros, por considerar que esa norma favorece a las trasnacionales mineras y desprotege al ambiente y a las zonas donde se asentarían los grandes proyectos de extracción.

En el sector de Guachalá, en la provincia de Pichincha, casi un millar de indígenas se congregaron a las tres de la madrugada (08.00 GMT) y, de inmediato, colocaron obstáculos sobre la Panamericana.

Los indígenas de esa zona quemaron neumáticos, atravesaron troncos de árboles y colocaron pesadas piedras a lo ancho de la vía para impedir el paso de vehículos.

También hicieron lo propio en vías aledañas a la Panamericana, que podían ser usadas por los conductores para salvar el bloqueo.

"Estaremos aquí hasta que nuestros dirigentes nos digan qué resultados han logrado en Quito", dijo uno de los manifestantes, donde tienen previsto dialogar con las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo, para intentar que se anule la ley minera y se discuta otro cuerpo legal sobre la materia, que recoja los postulados de todos los sectores involucrados.

Guachalá está ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Quito, lo que afectó el paso de vehículos, sobre todo camiones de carga que hacen la ruta entre la capital y el norte del país, hacia Colombia.

También en la localidad de Santa Rosa de Cusubamba, a unos 40 kilómetros al norte de Quito, en la misma vía Panamericana, decenas de indígenas interrumpieron el paso por la carretera y una arteria de acceso a la ciudad de El Quinche.

En ese sitio, ya entrada la mañana, el bloqueo con piedras, troncos y neumáticos encendidos, fue despejado por un contingente de unos cincuenta policías, que dispersaron a los manifestantes con abundante gas lacrimógeno.

La misma tónica de la protesta en el norte andino de Ecuador se registró en el sur, especialmente en la provincia de Azuay, cuya capital es la ciudad de Cuenca, donde fue interrumpida la vía que conecta a esa urbe con la de Loja, cerca de la frontera con Perú.

Los manifestantes en ese sector advirtieron que la protesta podría durar varios días, ante la presunta negativa del Gobierno a escuchar los planteamientos de la Conaie.

La protesta también se reprodujo en Quito, donde grupos ecologistas se concentraron a las afueras del Palacio Legislativo, para exigir que se anule la ley minera.

Los ambientalistas quemaron monigotes que representaban a los legisladores que aprobaron dicha ley minera.

Asimismo, en el parque El Arbolito, cerca del Congreso, se reunieron decenas de dirigentes indígenas para efectuar una marcha por las calles de la ciudad.

Los manifestantes en Quito anunciaron que intentarán llegar al Palacio de Gobierno, en el centro de la capital, para entregar sus demandas al Ejecutivo.

No obstante, el presidente Correa viajó a la ciudad portuaria de Guayaquil, en el suroeste, para atender su despacho.

El ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamente, dijo hoy que el Ejecutivo respeta el derecho a la protesta de todos los sectores sociales, pero recordó que está prohibido cerrar carreteras que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades habituales.

Bustamante señaló que la fuerza pública ha sido instruida para mantener el orden, sobre todo el libre acceso por las carreteras.