Los abogados de oficio alertan del recorte del derecho a la defensa de los pobres

Madrid.-  Los abogados del Turno de Oficio, al que pertenecen casi el 30 por ciento de los letrados españoles, se enfrentan a lo que consideran el intento de algunas administraciones públicas de recortar el derecho a la defensa de los más desfavorecidos.

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(EFE)

Sala de togas en un juzgado de guardia de Málaga.

Así interpretan muchos letrados las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el alto coste que supone la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en situación irregular o el informe que manejó el Gobierno catalán sobre la privatización del Turno de Oficio.

"Cuando se habla de recortar fondos o de privatizar el servicio, se está hablando de recortar el derecho a la defensa de los pobres, porque los ricos siempre tendrán abogado", afirma Endika Zulueta, que defendió a Raúl González y a Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio", en el juicio del 11-M, en el que 21 acusados fueron representados por letrados de oficio.

Prevista en el artículo 119 de la Constitución y regulada por la Ley 1/1996 de 10 de enero, la Asistencia Jurídica Gratuita -en la que se enmarca el trabajo de los abogados de oficio- es un servicio público que pretende garantizar la tutela judicial efectiva a los ciudadanos con menos recursos económicos.

"Deberíamos tener los mismos medios para defender a los clientes del Turno de Oficio. El derecho a la defensa debe estar por encima de la cuestión mercantilista", argumenta Zulueta, miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que advierte de que sus defendidos "suelen ser los más pobres o, como en el 11-M, los más odiados".

Llevar tres años en el ejercicio de la profesión y haber realizado los cursos de práctica jurídica son los requisitos "mínimos" para ejercer como abogado de oficio, explica la directora del Turno de Oficio del Colegio de Madrid, Marisol Cuevas, que subraya que son letrados "libres e independientes".

Según datos del Consejo General de la Abogacía (CGAE), 34.583 abogados españoles, el 29 por ciento del total, prestaron en 2007 este servicio "vocacional" -como lo describe Cuevas- y atendieron a un total de 465.432 ciudadanos, entre ellos, más de 52.000 mujeres asistidas en asuntos relacionados con la violencia de género.

A la escasez de recursos de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita se suma en muchos casos la diversidad lingüística y cultural, pues, como señala el letrado de oficio Francisco Andújar, "el perfil actual de los clientes no tiene nada que ver con el de hace diez años, ahora atendemos a muchísimos extranjeros".

"Esto no quiere decir que delincan más. Es gente que viene a España buscando trabajo y no lo consigue o lo acaba perdiendo, y de alguna manera se tiene que buscar la vida", relata Andújar, que describe como "un camino de dos direcciones" la relación con el cliente: "Él tiene que confiar en ti y tú en él".

Por ello, destaca las dificultades para entablar una relación abogado-cliente efectiva cuando se trata de ciudadanos "con una cultura y un idioma muy diferentes, como el chino", pues sólo se les garantiza la presencia de un traductor en las comparecencias judiciales.

"Acabas solucionando el problema a través de un familiar, un amigo u otro preso de su nacionalidad que hable español, pero se echa de menos que las Administraciones ofrezcan intérpretes para ejercer nuestro trabajo en el día a día", asevera Andújar, que estuvo "un año y medio" sin poder hablar con Youssef Belhadj, su defendido en el juicio del 11-M, por carecer de traductor de árabe.

Zulueta enmarca la demanda de intérpretes en la "obligación" del Estado de proporcionar los medios adecuados para garantizar la prestación del derecho a la defensa, "sobre todo" cuando se trata de los sectores sociales "más castigados, a menudo objeto de mayor persecución penal".

Aunque también hay problemas económicos, "la cuestión de fondo radica en la concepción de los derechos fundamentales. El objetivo debe ser garantizar el derecho a la mejor de las defensas posibles", afirma Zulueta, que describe el juicio del 11-M como un ejemplo paradigmático, pues "no se podía diferenciar a los abogados de oficio de los designados particularmente".