El PP exige el cese de Víctor González Marroquín por incompatibilidad con el cargo de su hermana

Oviedo.-  El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General del Principado ha reiterado hoy su petición de cese del director del Instituto para el Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), Víctor González Marroquín, por ser incompatible su cometido con el cargo de su hermana Margarita, que es la interventora general del Principado.

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(EFE)

El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General del Principado ha reiterado hoy su petición de cese del director del Instituto para el Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), Víctor González Marroquín, por ser incompatible su cometido con el cargo de su hermana Margarita, que es la interventora general del Principado.

La diputada del PP Alejandra Cuétara, que ha interpelado ante el pleno de la Junta al consejero de Economía, Jaime Rabanal, ha calificado de "grotesco" e "ilegal" que el Gobierno mantenga en el cargo a ambos hermanos el mismo tiempo, y ha recordado que esta situación irregular se da desde 2004.

Rabanal ha acusado a la diputada del PP de "no saber de lo que está hablando" y ha asegurado que lo verdaderamente grotesco ha sido su intervención de esta tarde en la Cámara , que ha calificado de una "irresponsabilidad total" hasta el punto de provocarle "indignación".

Según la interpretación de la diputada del PP, la situación de los hermanos González Marroquín quiebra el principio de "independencia" que debe regir la labor desarrollada por la Intervención General.

"Dos hermanos no parecen independientes aunque lo sean", ha subrayado Cuétara, para quien ese es el "principio básico" que inspira toda la legislación sobre auditorías.

En opinión de Cuétara, la ley de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos establece que quienes desempeñen un alto cargo están obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubiera intervenido su cónyuge o personas de su familia dentro del segundo grado civil.

La diputada del PP ha denunciado que el IDEPA es un instrumento que otorga gran cantidad se subvenciones a empresas y que los auditores que fiscalizan sus cuentas dependen jerárquicamente de la interventora general y ha declarado que la situación le produce "una sensación cercana al asco".

Ha asegurado que puede probar que la interventora general "no se ha abstenido" en asuntos que competen a la labor de su hermano al frente del IDEPA.

El consejero ha afirmando que la interventora general no fiscaliza el IDEPA porque hay un interventor delegado, aunque sea ella la que responda de "todo" lo relativo a una organización en la que trabajan más de setenta personas.

Además, Cuétara ha denunciado lo que considera un retraso en la publicación de los planes de control financiero para 2008, lo que ha llevado a una "desfiscalización" de áreas críticas como la sanidad, además del IDEPA.

Rabanal ha respondido a estas acusaciones al afirmar que "no sólo no se han relajado los controles, sino que se han reforzado", y ha proclamado que nadie duda del buen funcionamiento de la Intervención General.

Ha puntualizado que en la línea de intensificar la política de control del gasto público, actualmente se están ejecutando 76 auditorías, a las que hay que añadir el plan específico del Servicio de Salud del Principado (SESPA), que ya suma, ha dicho, un total de 331 informes.

En el caso del IDEPA, ha explicado que desde 2002, cuando Margarita González Marroquín fue nombrada interventora general, se han realizado 15 auditorías, que abarcan, ha añadido, todos los aspectos económicos y financieros posibles.

El consejero ha calificado de "intolerable" que la diputada interpelante haya enviado cartas a los interventores señalando la situación de los hermanos Marroquín.