Oviedo.- La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, ha emplazado hoy al PP a detener su campaña "difamatoria" de acusaciones contra las instituciones asturianas y contra sus empleados públicos, una estrategia que ha atribuido a las denuncias del PSOE de Oviedo contra los negocios del alcalde de la capital asturiana, Gabino de Lorenzo, y de su familia.
Migoya ha vinculado a esta campaña el anuncio del PP de que trasladará a las autoridades nacionales y de la UE la situación de la interventora general del Principado, Margarita González Marroquín, al considerar incompatible su labor de fiscalización de la hacienda pública con su parentesco con el director del Instituto para el Desarrollo Económico (IDEPA), Víctor González Marroquín.
Para la consejera de Administraciones Públicas, esta denuncia forma parte del "hostigamiento" y la "persecución" iniciada por el PP contra funcionarios y altos cargos del Principado que, en el caso de la Intervención General, supone poner en duda "la honorabilidad y el trabajo" de los setenta funcionarios de este departamento.
Migoya ha recordado que ambos altos cargos han desarrollado una actividad profesional "autónoma" como licenciada en Derecho y funcionaria de carrera del Principado en el caso de Margarita González y como Ingeniero de Minas en diferentes empresas en el caso de su hermano.
Asimismo, ha incidido en que la Interventora fue nombrada para el cargo en diciembre de 2002, un año y medio antes de que Víctor González Marroquín se hiciera cargo del IDEPA, un organismo para el que Margarita González nombró en 2003 un interventor delegado.
Este interventor delegado ejerce sus funciones, según el Gobierno, "con total autonomía e independencia" respecto a la Interventora General "asumiendo él mismo la total responsabilidad de los informes emitidos en su momento y nunca sometidos al principio de jerarquía".
Asimismo ha subrayado que desde el nombramiento de Margarita González se han realizado doce auditorías en el IDEPA que demuestran "la intensificación de los controles" que el Gobierno regional puso en marcha para fiscalizar las cuentas públicas de la administración.
Estas "falsas" acusaciones del PP revelan, a juicio de Migoya, la "habitual instrumentalización" por esta formación de las instituciones públicas y su falta de respeto por los empleados públicos que, en el caso de la Intervención General, accedieron por oposición y son en su mayor parte abogados o economistas.
Migoya ha negado además que, tal y como afirma el PP, se hayan suprimido las auditorías en los ocho hospitales públicos de la región en los que mensualmente se realizan sobre las nóminas, además de cuarenta informes previos sobre expedientes de contratación.
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