Río de Janeiro.- La policía desalojó hoy a cerca de 300 familias vinculadas al Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil de una hacienda que habían ocupado y que pertenece al condenado narcotraficante Luiz Fernando da Costa, un capo conocido popularmente como Fernandinho Beira-Mar.
La propiedad rural que había sido invadida es una de las siete que pertenecen a Beira Mar o a sus cómplices en Pará, uno de los estados de Brasil con más incidentes entre hacendados y campesinos en disputa por la propiedad de las tierras.
Los campesinos fueron desalojados por orden de un juez del estado amazónico de Pará de la hacienda Nega Madalena, ubicada en jurisdicción de Tucuma, municipio en el sur de Pará, informó la agencia de noticias Estado.
La propiedad rural que había sido invadida es una de las siete que pertenecen a Beira Mar o a sus cómplices en Pará, uno de los estados de Brasil con más incidentes entre hacendados y campesinos en disputa por la propiedad de las tierras.
Da Costa, que cumple varias condenas en un presidio de máxima seguridad de la ciudad de Campo Grande, era considerado el mayor narcotraficante de Brasil hasta el 2001, cuando fue capturado por la policía colombiana en un campamento del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y extraditado a Brasil.
Los integrantes del Movimiento de los Sin Tierra habían invadido la propiedad rural con el objetivo de presionar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra) a que la distribuyera entre sus miembros con base en la legislación que permite la expropiación de haciendas adquiridas con recursos de procedencia ilegal.
Los Sin Tierra, una de las organizaciones sociales más activas de Brasil, dice representar a cerca de cinco millones de campesinos del país que carecen de tierras para cultivar y presionan avances en la reforma agraria mediante la ocupación de haciendas consideradas improductivas.
Los miembros del Movimiento que invadieron la hacienda fueron desalojados por la policía con base en una orden dictada por el juez federal de la ciudad de Marabá, Carlos Henrique Haddad.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada al Episcopado de la iglesia católica brasileña y que defiende a las familias de campesinos, ya había presentado un recurso ante un tribunal de segunda instancia para que la justicia permitiese la permanencia de los ocupantes en la hacienda hasta que el Gobierno decida si la expropia o no.
Líderes del Movimiento dijeron que el clima en la región es de tensión debido a que los campesinos esperaban una rápida expropiación ya que el Incra ya había anunciado los trabajos para delimitar la propiedad y dividirla.
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