El Gobierno acelera la Ley de la Memoria Histórica tras la decisión de Garzón

Tras casi un año de su aprobación, y pocas semanas después de la histórica decisión del juez Garzón de abrir una causa sobre los "crímenes contra la humanidad" del franquismo, el Gobierno se ha puesto las pilas y acelera la aprobación de normas que desarrollan la Ley de la Memoria Histórica. Las asociaciones y partidos de la izquierda parlamentaria venían reclamándoselo desde hace meses.

(EP)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Consejo de Ministros —presididido por la vicepresidenta primera ante la ausencia de Zapatero— ha aprobado tres Reales Decretos, que entrarán en vigor en breve.

• Reparación moral. Las víctimas de la guerra civil y la dictadura podrán recibir, en un plazo de seis meses, un certificado del Ministerio de Justicia por el que se verán rehabilitados y reparados de los daños sufridos. El Gobierno estima que 500.000 personas podrían haber sido víctimas de la "persecución y la violencia" entre 1936 y 1975.
• Indeminizaciones económicas. El Ejecutivo ha decidido ampliar las indemnizaciones a las víctimas de la última etapa del régimen dictatorial y los primeros momentos de la Transición —entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977—. Ahora también podrán recibir una compensación económica los incapacitados y las familias de los asesinados "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos" que no la habían recibido.
• Brigadistas ahora españoles. La ley de 1996 que concedía la nacionalidad española a los voluntarios extranjeros que vinieron a España a defender la legalidad de la República no tuvo mucho éxito. Exigía —en contra de lo que pedían las asociaciones— renunciar a la nacionalidad de origen para convertirse en español. Ahora no será necesario, y los pocos brigadistas que siguen vivos (unos 200, los más jóvenes rondan los 90 años) podrán tener la doble nacionalidad.

Pero además de lo concreto, el Gobierno ha puesto a trabajar a los ministros con competencia en esta materia para que en el "tiempo más breve posible", según ha señalado la vicepresidenta, se desarrollen otros aspectos de la Ley. Son los que más polémica suscitaron entre el Partido Socialista y la oposición —tanto a izquierda como a derecha—.

• Retirada de símbolos franquistas. Es quizá el tema más peliagudo y por ello, se ha encargado al Ministerio de Cultura que confeccione una Comisión Técnica para determinar qué elementos —"escudos, insignias, placas... de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, la Guerra o la presión de la dictadura"— deben ser retirados de los edificios propiedad de la Administración del Estado. Ya se advirte, que no se retirán aquellos que tengan un "significado histórico", "un valor artístico o artístico-religioso" o cuya eliminación pueda "poner en peligro la estabilidad" del inmueble. El Valle de los Caídos —propiedad del Estado— tiene una consideración específica dentro de la Ley, como se ha encargado de recordar De la Vega. A la Iglesia, por el momento, no le toca hacer inventario de símbolos franquistas.
• Nacionalidad para nietos del exilio. Justicia tiene que regular la forma a través de la cuál los hijos y nietos de exiliados de la guerra y la dictadura puedan conseguir la nacionalidad española de origen. Argentina, según Fernández de la Vega, es el país donde más descendientes de víctimas de Franco pueden solicitar la nacionalidad española, que será, según prevé el Ejecutivo, un proceso "paulatino".
• También se ha puesto en marcha la elaboración de tres normas reclamadas con insistencia por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero que han quedado un poco aplacadas por la actuación judicial de Garzón: el Protocolo de actuación científica para la exhumación de fosas; la elaboración de un mapa de desaparecidos —que será similar al que presentaron las asociaciones al magistrado—; y los procedimientos para que los particulares —sobre todo historiadores y familias— puedan acceder a los libros de actas de defunción de los Registros Civiles.