El alcalde dice que el urbanismo en Medina Elvira se amparó en informes técnicos

Granada.-  El alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), ha asegurado hoy que la tramitación administrativa y urbanística relacionada con la Urbanización Medina Elvira Residencial y su campo de golf anexo estuvo amparada en informes técnicos y jurídicos que avalaban su legalidad.

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(EFE)

El alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), imputado por delito de prevaricación administrativa y urbanística, momentos ante de entrar a declar ante en el Juzgado de Instrución 4 de Granada.

En declaraciones a los periodistas tras declarar como imputado por prevaricación ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, el regidor ha defendido su actuación, aunque ha matizado que "sostener en urbanismo que todo está bien y es perfecto es difícil".

En cualquier caso, ha asegurado que el Ayuntamiento ha contado con informes técnicos y jurídicos, además de con asesoramiento interno y externo, que ratifican que el instrumento usado en las tramitaciones fue "legal".

Sánchez, quien se ha mostrado "tranquilo y con confianza absoluta en la justicia", ha añadido que "difícilmente" se puede incurrir en algún delito si se disponen de los referidos informes, "que avalan la toma de una decisión política".

Otra cosa, ha apostillado, es que en el caso concreto por el que ha declarado tuviera que aplicarse un determinado "instrumento" u otro para modificar el planeamiento urbanístico, lo que atribuye más bien a un "debate" de tipo contencioso que penal.

Ha recordado además que los informes sobre la actuación urbanística relacionada con la urbanización y su entorno no fueron cuestionados por parte de la Junta de Andalucía ni por ningún grupo político del Consistorio.

La investigación judicial se inició tras una denuncia de la Fiscalía a Sánchez como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina Elvira Residencial y un campo de golf anexo a la misma, además de otras obras de su entorno.

El Ministerio Público, de acuerdo con el decreto al que tuvo acceso Efe, precisó que de las diligencias de investigación penal abiertas tras las denuncias de varios colectivos -entre ellos, IU, PP o Ecologistas en Acción- se deducía la existencia de "indicios suficientes" de prevaricación, construcción ilegal y falsedad.

En su decreto, el fiscal se refería a diferentes hechos relacionados con los convenios urbanísticos, las actuaciones administrativas y las obras realizadas, que, en síntesis, son las de edificación de la urbanización Medina Elvira prevista para 3.500 viviendas.

A éstas se sumaban la construcción de un campo de golf de dieciocho hoyos anexo al citado residencial, la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparacena y otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona, en la que también está previsto un hotel.

Estas actuaciones, según relató el fiscal, fueron diseñadas para una finca que el Ayuntamiento vendió -"no se acaba de comprender porqué"- por un importe inferior a su valor de tasación.

En concreto, según la escritura de compraventa, los convenios firmados y la nota registral, el precio es de 3,6 millones de euros, por lo que "no deja de ser extraño" -refería la acusación pública- que días después la finca se tasara a efectos de subasta en 8,4 millones.