Almería.- El grupo ecologista Salvemos Mojácar, responsable de la demanda que ha derivado en la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico, ha pedido el cese de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, después de que un juez apreciara indicios de delito en la actuación de la Junta.
El grupo ecologista Salvemos Mojácar, responsable de la demanda que ha derivado en la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico, ha pedido el cese de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, después de que un juez apreciara indicios de delito en la actuación de la Junta.
"Pedimos el cese fulminante" de la consejera de Medio Ambiente, ha urgido el colectivo en una nota que tilda de "aberrantes" las declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, tras darse a conocer el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería.
Decir que el fallo da la razón a la Junta, tal y como sostuvo el presidente de la Administración andaluza, "es una aberración" y "una total falsedad", según Salvemos Mojácar, que ha urgido a que se asuman responsabilidades en este caso tras las apreciaciones del magistrado.
Este, que obliga al Consistorio de la localidad almeriense, gobernado por el PSOE, a revisar la licencia de obras concedida al hotel de El Algarrobico, ha remitido la causa a la Fiscalía para que dirima la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y del Consistorio de la localidad.
Los ecologistas han asegurado para justificar su pretensión de que se produzca el cese de Castillo, que tanto la Administración autonómica como el ente local ampararon la construcción del complejo promovido por Azata del Sol en contra de la Ley de Costas y del Plan de Ordenación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, tal y como deduce el juez Jesús Rivera en su fallo judicial.
Este consideró incontestable que el paraje de El Algarrobico se ubica en terrenos protegidos no urbanizables, pese a lo que la construcción del hotel salió adelante tanto por la "abulia y la desidia" de las Administraciones como por una modificación por parte de la Junta de Andalucía de la planimetría del PORN de 1994 para que el espacio figurara dentro de las áreas a urbanizar.
Un día después de que se hiciera pública la decisión judicial contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, vía que ya ha anunciado que abrirá el Ayuntamiento de Carboneras, también se ha pedido la dimisión de Cristóbal Fernández (PSOE), regidor de esta localidad almeriense.
El coordinador de IU en el municipio, Pascual Hernández, ha lamentado en una nota que "un alcalde que no actúa en beneficio de sus ciudadanos" siga dirigiendo Carboneras, por lo que le ha instado a abandonar su cargo, al tiempo que ha coincidido con los ecologistas en su petición de que se depuren responsabilidades en la Junta, para que "no queden impunes" las decisiones que "atentan contra nuestro patrimonio".
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