Bilbao.- Dirigentes de todos los partidos políticos y expertos y mediadores internacionales en procesos de paz compondrán la prueba testifical del juicio al lehendakari, Juan José Ibarretxe, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los cinco dirigentes de la izquierda abertzale con los que se reunieron.
El lehendakari se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 8 de enero para enfrentarse a una petición de una pena de dos años y nueve meses de prisión por un delito de cooperación necesaria en la comisión, por parte de los dirigentes de Batasuna, de un delito de desobediencia tras la sentencia que ilegalizó esa formación.
Por el mismo motivo están acusados Patxi López y Rodolfo Ares, que se enfrentan a una petición de penas que van de los nueve meses a un año de prisión, mientras que para los miembros de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Rufino Etxebarria, Pernando Barrena y Olatz Dañobetitia la petición de penas va de uno a cuatro años de prisión.
Todas estas penas son solicitadas por Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, ya que la Fiscalía ha reclamado la libre absolución de los procesados, por las reuniones que Ibarretxe mantuvo con los dirigentes de la izquierda abertzale el 9 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007 y la que tuvieron los líderes socialistas con Otegi, Etxeberria y Dañobeitia el 6 de julio de 2006, durante el último alto el fuego de ETA.
El Foro Ermua solicita una pena de dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, nueve meses de prisión para los dirigentes del PSE, así como penas que oscilan entre uno y cuatro años para los dirigentes de la formación ilegalizada.
Dignidad y Justicia pide en su escrito de calificación provisional dos años de pena para Ibarretxe, uno para López y Ares, además de penas de entre uno y tres años para los dirigentes abertzales.
La Fiscalía ha pedido en reiteradas ocasiones la libre absolución de los imputados. En concreto, en noviembre del 2007 exigió el archivo definitivo de las actuaciones, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2006, que no veía delito en reunirse con Batasuna si no hay una orden expresa que lo prohíba.
Este mismo argumento fue recogido por la defensa de los representantes de la izquierda abertzale para pedir su absolución, al considerar que las reuniones en las que supuestamente se cometieron los delitos fueron públicas y además, "ningún tribunal ni autoridad competente, conociendo que iban a celebrarse, las prohibió".
En cuanto a los testigos, los abogados de Ibarretxe han pedido que se llame a declarar a 16 dirigentes institucionales vascos y asesores internacionales.
Entre ellos figuran al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su predecesor, José María Aznar, para que expongan junto a sus respectivos ministros del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Mayor Oreja, los contactos que mantuvieron desde ambos gobiernos con ETA.
Por su cargo institucional, Zapatero, Pérez Rubalcaba y Aznar podrán declarar por escrito sin acudir al tribunal.
Además, solicitan el relato de los entonces presidentes del PSE-EE, Jesús Eguiguren; del PNV, Josu Jon Imaz; de EA, Begoña Errazti; y de EB, Javier Madrazo.
Así mismo incluye siete expertos y mediadores internacionales en procesos de paz: el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nancy Soderberg, Mateo Zuppi, Roelf Meyer, Mathew Phosa, Harry Barnes y Brian Currin.
Por su parte, los letrados de la izquierda abertzale añaden a esa lista el testimonio de otros líderes políticos y mediadores internacionales, como los actuales presidentes del PNV, Iñigo Urkullu, y de EA, Unai Ziarreta; junto a los entonces secretarios generales de los sindicatos ELA y LAB, José Elorrieta y Rafa Díez.
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