Marbella (Málaga).- La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), ha calificado de "sospechosa" la solicitud de renuncia del abogado que defiende al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca en el "caso Saqueo" a pocos días de celebrarse el juicio.
En declaraciones a los periodistas, Muñoz ha mostrado su deseo de que la decisión de la defensa "no sea una táctica para retrasar el juicio" y ha asegurado que al Consistorio marbellí, que está personado en esta causa como acusación, le preocupa la posibilidad de que se suspenda la vista por la renuncia del letrado de Roca.
"Espero que el juez sea consciente de lo sospechoso que puede resultar que a pocos día de que comience el juicio su abogado renuncie", ha añadido la regidora.
El abogado José Aníbal Álvarez, que ejerce la defensa del ex asesor urbanístico en el "caso Saqueo", ha presentado una solicitud para representar a su cliente en dicha causa, según han señalado a Efe fuentes jurídicas.
El letrado ha presentado dicha petición ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar a partir del próximo día 25 dicho proceso, en el que se investiga el presunto desvío de más de 36 millones de euros del Consistorio marbellí entre 1991 y 1995.
La Sala deberá estudiar ahora si admite la solicitud de la defensa y acepta la renuncia o rechaza ésta al considerar que puede suponer un retraso en el procedimiento ante la posibilidad de que el nuevo letrado de Roca no cuente con el plazo necesario para instruirse en el caso de cara al juicio, según las mismas fuentes.
La vista se inicia el 25 de septiembre y están señalados también para su celebración los días 26, 29 y 30 del mismo mes y 1,9,10, 13, y 14 de octubre.
Además de Roca, en este caso están procesados los empleados de las sociedades municipales Planeamientos 2000 y Contratas 2000 Francisco Javier Herrera y Eduardo Gonzálvez, la esposa del gerente de la última empresa citada, Purificación Notario; el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Gonzálvez, Roca, Sierra y Castel por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil y ocho años de cárcel para Notario y Herrera, a los que sólo acusa por el primer delito.
La Fiscalía mantiene que los acusados, "entre los años 1991 y 1995, se apoderaron de la cantidad de 6.005.410.980 pesetas (más de 36 millones de euros) del erario público municipal" a través de sociedades municipales.
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