El abogado de Roca solicita renunciar a defenderlo en el "caso Saqueo"

Madrid/Marbella (Málaga).-  El abogado José Aníbal Álvarez, que ejerce la defensa del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca en el "caso Saqueo", ha presentado una solicitud para renunciar a representar a su cliente en esta causa, según han señalado hoy a Efe fuentes jurídicas.

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(EFE)

El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca (i), junto a su abogado José Aníbal Alvarez (d).

El letrado ha formulado la petición ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar a partir del próximo día 25 este caso, en el que se investiga el presunto desvío de más de 36 millones de euros del Consistorio marbellí entre 1991 y 1995.

La Sala deberá estudiar ahora si admite la solicitud de la defensa y acepta la renuncia o la rechaza en caso de considerar que puede suponer un retraso en el procedimiento ante la posibilidad de que el nuevo letrado de Roca no cuente con tiempo necesario para instruirse en el caso de cara al juicio, según las mismas fuentes.

La vista empezará el 25 de septiembre y están señalados también para su celebración los días 26, 29 y 30 del mismo mes y 1, 9, 10, 13 y 14 de octubre.

Además de Roca, en este caso están procesados los empleados de las sociedades municipales del consistorio marbellí "Planeamientos 2000" y "Contratas 2000" Francisco Javier Herrera y Eduardo Gonzálvez, la esposa del gerente de la última empresa citada, Purificación Notario; el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Gonzálvez, Roca, Sierra y Castel por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil y ocho años de cárcel para Notario y Herrera, a los que sólo acusa por el primer delito.

El fiscal dice que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL) "los acusados decidieron de forma concertada desviar, desde el Ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio en su propio beneficio o en el de terceros".

"Para ello crearon unas sociedades municipales que, con la excusa de gestionar a través de ellas la actividad municipal mediante el envío de fondos municipales, ya sin el control del Pleno municipal, los sustrajeron de las arcas públicas", añade.

Así, Sierra, que actuaba como asesor jurídico de Gil, "diseñó el sistema de sociedades municipales, su estructura y funcionamiento y gestión para obtener los fines indicados por el entonces alcalde".

Una de las primeras en constituirse fue "Contratas 2000 S.L.", de la que fue nombrado gerente el esposo de Notario, José Luis Jiménez -ya fallecido-, quien abrió varias cuentas bancarias a nombre de la sociedad en las que él era el único que podía disponer de fondos.

Gil ordenó que se realizasen transferencias bancarias de dinero municipal a las cuentas de Contratas 2000, desde las que a su vez comenzaron a salir diversas cantidades "cuyo destino, ajeno a los intereses públicos, es en algunos casos conocido y en otros no".

Según la Fiscalía, entre los destinatarios de esos fondos figuraban Jiménez, su esposa y Gonzálvez, además del propio ex alcalde de Marbella.

Jiménez también fue designado por Gil gerente de "Jardines 2000 S.L.", de cuyas cuentas -los fondos procedían "exclusivamente" del Ayuntamiento- salieron cantidades que tuvieron como destinatarios a Notario, Gonzálvez y Herrera, este último empleado de una tercera sociedad municipal, "Planeamiento 2000 S.L.", cuyo gerente era Roca y desde la que también se desviaron fondos municipales.

La Fiscalía concluye que los acusados, "entre los años 1991 y 1995, se apoderaron de la cantidad de 6.005.410.980 pesetas (más de 36 millones de euros) del erario público municipal".