La Junta comienza tramitar la primera ley española sobre la muerte digna

Sevilla.-  El Gobierno andaluz ha comenzado hoy a tramitar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados.

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(EFE)

Primera reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tras las vacaciones de verano presidida por Manuel Chaves (i).

La decisión ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta y, según sus previsiones, la norma llegará al Parlamento andaluz para su debate la próxima primavera.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha destacado en rueda de prensa que esta norma, "la primera de estas características que se elabora en España", no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.

Entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

El texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.

La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.

Para ello, los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, "tanto en el ámbito público como en el privado", subrayó la consejera, que ha precisado que una vez sea aprobada la ley todos los centros sanitarios andaluces tendrán un plazo de dos años para acometer la reformas oportunas.

Las instituciones deberán proporcionarán apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal para facilitar el proceso y le garantizarán una atención integral durante el duelo.

Por su parte, los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

La consejera ha recordado, asimismo, su obligación de facilitar información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada, así como a consultar el registro.

Todos los centros sanitarios (públicos y privados) tendrán, no obstante, un "comité de ética" de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir.

Los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para "evitar la obstinación terapéutica", así como de ofrecer al paciente todas las intervenciones para garantizar su adecuado cuidado y comodidad.

Las instituciones sanitarias deberán garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa o ausencia de los profesionales, deberán asegurar la atención necesaria.

La consejera ha avanzado, además, algunos datos del barómetro sanitario que presentará su departamento en breve y que revela que el 93,7% de los andaluces coincide en afirmar que "todo el mundo tiene derecho a una muerte digna", así como a recibir una información clara sobre su salud.