Oviedo.- El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, ha considerado hoy que el proyecto de Ley andaluz que ampara la regulación de la muerte digna marca "el camino a seguir" en esta materia para definir con claridad "los derechos y garantías de médicos y pacientes".
Quirós ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de la reunión del jurado de los Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2009, del que es miembro.
El consejero ha considerado, no obstante, que en el caso de Asturias el decreto de últimas voluntades aprobado por el Gobierno regional, que ha tenido "una excelente acogida", ya incorpora algunos de los aspectos que regulará la futura ley andaluza.
Para Quirós, esta circunstancia se produce por el hecho de que la normativa asturiana ha sido "una de las últimas" en aprobarse en el conjunto de España y ha incidido en que, de continuar avanzando en la legislación sobre esta materia, sería necesario establecer una regulación a nivel estatal.
En su opinión, "sería deseable que toda la sociedad española" se pusiera de acuerdo en este asunto ya que "la población está cada vez más interesada en no sufrir en el momento de su muerte".
"Es necesario dar más autonomía al paciente para poder acceder a una muerte digna", ha señalado el consejero.
El Gobierno andaluz aprobó el pasado 9 de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.
La futura ley andaluza regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.
Otras circunstancias que contempla la "ley de la muerte digna" andaluza, que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, son la sedación paliativa terminal (conjunto de procedimientos para afrontar los procesos agónicos) y la determinación de la muerte cerebral.
El texto no regula la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
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