Caracas.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, inició hoy un proceso de condonación de deudas por 115 millones de dólares que mantienen con el Estado unos 18.000 productores, como parte del gubernamental "Plan Deuda Cero" de ayuda al campesinado.
Estos campesinos "recibieron en años pasados un crédito del Estado y no pudieron producir; perdieron su capacidad de pago y no podemos tenerlos con esa carga injusta", explicó Chávez.
"No se dio la siembra, no había maquinaria, la semilla no servía para nada y los créditos llegaron a destiempo", principalmente para los productores de arroz, café, maíz y papa, añadió en una alocución televisada en el céntrico estado ganadero de Guárico.
El gobernante anunció el "Plan Deuda Cero" en junio pasado y hoy comenzó a ejecutarlo con los deudores de Guárico, a quienes entregó certificados de condonación y anunció que próximamente hará lo propio en los estados de Apure, Barinas, Portuguesa y Mérida.
El presidente, que también entregó maquinaria agrícola importada desde Argentina y Bielorrusia, exhortó a los campesinos a crear "unidades de producción socialista para ir paulatinamente erradicando el capitalismo".
"Hay que apurar la marcha", porque "el capitalismo es perverso y está acabando con el mundo", dijo y criticó que no se le haya presentado estadísticas actualizadas sobre el cumplimiento de la Ley de Tierras aprobada en el 2005.
La ley, que permite la expropiación a grandes terratenientes para constituir un Fondo de Tierras destinadas a las "unidades de producción socialista", también autoriza "la tenencia privada de tierras hasta un máximo del doble del promedio de los predios de su entorno, y el resto sería tomado por el Estado para encargarse de la producción de forma social y equitativa", subrayó Chávez.
La última "gran intervención estatal con fines de expropiación" se remonta al pasado 10 de abril, cuando una treintena de fincas con una extensión total de 2.400 hectáreas fueron ocupadas por militares con el argumento de que estaban "ociosas".
Chávez declaró en enero de 2004 la "guerra a muerte contra el latifundio", y exigió a los gobernadores y alcaldes identificar los terrenos ociosos para recuperarlos, entregarlos a campesinos pobres y ponerlos a producir, algo que hoy volvió a demandar.
El Gobierno ha pagado indemnizaciones a varios afectados, aunque las intervenciones han sido rechazadas por los gremios empresariales y ganaderos que han calificado la medida de "ilegal e inconstitucional".
En octubre del año pasado, el entonces titular del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, aseguró que estaban en plena producción el 90 por ciento de los 1,1 millones de hectáreas de tierras cultivables que el Estado ha "recuperado".
En total, el Estado se ha hecho de unos dos millones de hectáreas, pero 900.000 de ellas son "espacios considerados como reservas forestales", dijo Jaua y anunció entonces que aún faltaba la "recuperación de cuatro millones de hectáreas".
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