El informe detecta numerosas anomalías en las concesiones hidráulicas de la última era de Fraga

Santiago de Compostela.-  La fiscalización de las cuentes de la Xunta de 2005, último año de Manuel Fraga al frente del Gobierno gallego, revela destacadas anomalías en la concesión de obras hidráulicas, como la concentración en pocas manos de este negocio o múltiples casos de transferencia al poco de ser adjudicadas.

El informe de fiscalización de las cuentas pública de 2005, año de traspaso de poderes del PP a la coalición de socialistas y nacionalistas en la Xunta, destaca, en primer lugar, que los aprovechamientos hidráulicos fueron concedidos al primar la potencia eólica, sin tener en cuenta las posibles agresiones ambientales que pudiesen comportar.

El informe del organismo fiscalizador, además, destaca la premura al otorgarse las licencias, e incluso que no fue comprobada la solvencia de empresas beneficiarias, algunas sin experiencia en el sector o constituidas días antes de optar a la concesión.

Algunos expedientes, con media de resolución de siete años, se resolvieron "con una celeridad poco habitual", el mismo día que se conoció el informe medioambiental preceptivo.

El informa cita el caso concreto del ayuntamiento lucense de Ourol, que inicialmente iba a ser titular de un aprovechamiento hidráulico, pero luego cedió la explotación, que pasó a manos privadas, concretamente, a las de Luis Castro Valdivia, cuñado del que fue director general de Industria con el PP Ramon Ordás.

"Se ha detectado -señala el informe del Consello de Contas- la concentración de concesiones hidroeléctricas superior al 60 por ciento", y, de hecho, en ocho de los expedientes la adjudicación recayó en empresas en las que Luis Castro Valdivia fue constituyente de la sociedad adjudicataria.

El trabajo del organismo fiscalizador también pone de manifiesto la existencia den "múltiples casos de transferencia, tanto de la titularidad de la petición durante la tramitación del expediente como de la concesión una vez otorgada la concesión, lo que fue contrario a lo dispuesto en la cláusula de la concesión y sin motivos de interés público, asunto que podría vulnerar la concurrencia, a juicio del Consello de Contas.