Estambul.- El Tribunal Constitucional de Turquía comenzó hoy a deliberar sobre el proceso de ilegalización del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), acusado de haberse convertido en un centro de actividades contrarias al estricto laicismo oficial.
El primer ministro turco, Reccep Tayyip Erdogan.
Según informaron las televisiones turcas, los magistrados constitucionales se reunieron a las 09.30 (06.30 GMT) para comenzar a examinar los argumentos del caso.
A partir de hoy los jueces se dedicarán "sin pausa" a este importante proceso hasta que consigan tomar una decisión, según explicó anteriormente uno de los miembros del tribunal, Osman Paksüt.
La corte no aclaró, sin embargo, cuando se dará a conocer la decisión, aunque los expertos creen que será hecha pública durante la primera quincena de agosto.
El proceso judicial contra el partido del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, entra así en su recta final, después de cuatro meses y medio de incertidumbre.
El pasado 14 de marzo, el Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, solicitó al Tribunal Constitucional la ilegalización del AKP bajo la acusación de que se ha convertido "en un centro de actividades anti-laicas".
Además, solicitó la inhabilitación política por un periodo de 5 años de 70 dirigentes del AKP, incluido Erdogan, y del presidente de la República, Abdullah Gül, por su comentarios públicos que, supuestamente, supondrían una amenaza abierta al estricto sistema laico de Turquía.
Por su parte, desde los sectores cercanos al AKP se ha asegurado que el proceso está políticamente motivado por los sectores duros del "kemalismo", la ideología laica oficial que tiene uno de sus principales bastiones en la judicatura.
Tras haber escuchado a los representantes de la defensa del AKP y a la acusación de la Fiscalía, el relator del Tribunal Constitucional, Osman Can, realizó un informe para los once magistrados constitucionales.
Según publicó la prensa turca, el informe recomienda no ilegalizar al AKP alegando que un partido en el poder gracias a los votos de los ciudadanos debería abandonarlo también tras un proceso electoral.
Con todo, este informe no es vinculante y ya en otras ocasiones la mayoría de los jueces constitucionales han votado en contra de lo expuesto por el relator, como ocurrió hace unos meses con la anulación de las enmiendas constitucionales que autorizaban el uso del velo en las universidades.
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