La máxima responsable de derechos humanos de la ONU será mujer y sudafricana

Naciones Unidas.-  Mujer, sudafricana y abogada es Navanethem Pillay, a quien el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha nombrado hoy para ser la próxima Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACDH).

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(EFE)

Navanethem Pillay (d), presidenta del Tribunal de Crimenes de Guerra en Ruanda, ha sido nombrada como nueva Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Pillay, que hasta hoy es magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, sustituirá en el cargo, una vez que la Asamblea General de la ONU de su luz verde, a otra mujer, la jurista canadiense Louise Arbour.

De la próxima responsable de los derechos humanos en Naciones Unidas, Ban Ki-moon ha dicho que tiene "unas sobresalientes credenciales en derechos humanos y en justicia".

Reconocida activista en favor de los derechos humanos y de la situación de las mujeres, Pillay nació en 1941 en la ciudad de Durban (Sudáfrica), en una familia de la etnia tamil, originaria de Sri Lanka.

Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Natal, obtuvo un "máster" en la Universidad de Harvard (EEUU) en 1982, donde además se doctoró en Ciencias Jurídicas en 1988.

En 1967 se convirtió en la primera mujer en ejercer la abogacía en la provincia sudafricana de Natal, en defensa de activistas contrarios al régimen del "apartheid" y de sindicalistas, incluido su esposo.

Pillay ejerció como abogada entre 1967 y 1995, y defendió a miembros del Congreso Nacional Africano, Movimiento Unidad, Azapo, Movimiento Conciencia Negra, Swapo y de varios sindicatos, y desempeñó un papel esencial en la defensa de los derechos de los presos políticos de Robben Island, especialmente del derecho a la asistencia jurídica.

También fue la primera mujer en ser nombrada juez de la Corte Suprema de Sudáfrica en 1995, año en que también fue designada como vicepresidente del Consejo de la Universidad de Durban Westville por el entonces presidente Nelson Mandela, quien estuvo preso en Robben Island de 1964 a 1982.

El 24 de mayo de 1995 fue elegida juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por la Asamblea General de la ONU , en la primera ronda de votación con 119 votos, y reelegida para un nuevo mandato de cuatro años el 3 de noviembre de 1998.

El tribunal inició sus trabajos en noviembre de 1995 cuando la juez Pillay llegó a su sede en Arusha (Ruanda), para estudiar las primeras acusaciones presentadas por el entonces presidente de la corte, el también sudafricano Richard Goldstone.

El TPIR fue creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994 en Ruanda, y el 4 de junio de 1999 el pleno del TPIR la eligió por unanimidad para ocupar la presidencia, al finalizar el segundo mandato de dos años del senegalés Laity Kama.

El mandato de Navanethem Pillay estuvo marcado por un conflicto de poder entre la presidencia y el jefe de registro del tribunal, Agwu Okali, supuestamente apoyado por Laity Kama y Bernard Muna, y que duró cerca de dieciocho meses.

La crisis, que ralentizó la actividad del tribunal, se dirimió con la marcha de Okali del TPIR en enero de 2001, pues la ONU no renovó su contrato.

En agosto de 2002, Pillay envió una carta al presidente de turno del Consejo de Seguridad, en la que rechazaba las alegaciones de corrupción e ineficacia del TPIR y aseguraba que "la falta de cooperación" habían interrumpido los procesamientos judiciales y por ello los casos llevaban un retraso de meses.

En febrero de 2003 fue elegida por un mandato de seis años como juez de la Corte Penal Internacional (CPI), compuesta por 16 magistrados, y cuyo estatuto entró en vigor en julio de 2002 al ser ratificado entonces por 60 países.

Pillay contó con el apoyo del grupo de estados africanos y fue asignada a la división de apelaciones del alto tribunal.

De ser confirmada por la Asamblea General, Pillay dirigirá una oficina que emplea a 850 personas, está encargada de dirigir los esfuerzos de la ONU en materia de derechos humanos y cuenta con una oficina principal en Ginebra y otra en Nueva York, además de otras once en diferentes países y siete de carácter regional.

Para 2008-2009 cuenta con una financiación de 119,2 millones de dólares, procedentes del presupuesto general de la ONU, y con otros 95,7 millones de dólares de las contribuciones voluntarias de los estados miembros, organizaciones intergubernamentales, fundaciones y particulares.