PSOE y PP impiden que Rubalcaba comparezca sobre las detenciones de empresarios

Madrid.-  Los grupos del PSOE y el PP han impedido en la Diputación Permanente del Congreso que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca en esta Cámara para aclarar las circunstancias de las detenciones de dos empresarios vascos investigados por la Audiencia Nacional, como pedía el PNV.

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(EFE)

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su intervención en un pleno celebrado en el Congreso de los Diputados.

En nombre del grupo vasco, el diputado Emilio Olabarria ha subrayado la necesidad de que Rubalcaba explique las "circunstancias irregulares" que, a su juicio, han rodeado la detención del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y del empresario Jesús Guibert, en una investigación sobre pagos del llamado "impuesto revolucionario" a ETA abierta por el juez Baltasar Garzón.

Sin embargo, tanto el portavoz del grupo socialista, Ramón Jáuregui, como el del grupo popular, Federico Trillo, han coincidido en que el asunto está sometido a investigación judicial y por ello son los jueces quienes deben determinar si ha habido anomalías.

Para Emilio Olabarria el apresamiento de los empresarios era completamente innecesario, hasta el punto de que Guibert, de 81 años, no habría tenido según él ningún problema para, después de "haber acudido a misa", presentarse en comisaría "voluntaria y pacíficamente", en vez de ser detenido por 13 guardias civiles.

Además, la captura de Gainaga ha sido para él un "sainete", en el garaje de su casa, por parte de agentes de la Guardia Civil de paisano y ante vecinos que denunciaron los hechos en el cuartel del instituto armado al pensar de que se trataba de un secuestro.

Olabarria cree que ante la "alarma social" creada en el País Vasco, Rubalcaba tendría que explicar la "desmesura y desproporción" usada en ambos casos, con agentes armados con "metralletas", y también cómo se pudieron transformar unas diligencias judiciales para registros domiciliarios en detenciones.

Sin embargo, el secretario general del grupo socialista, Ramón Jáuregui, ha argumentado en la Diputación Permanente que si el ministro explicara lo ocurrido vulneraría el secreto sumarial, y ha recordado la obligada "discreción y prudencia" para que los afectados no sean sometidos a "polémica pública".

Además, ha advertido de que cuando la Policía tiene indicios de un delito está obligada a investigar, y así lo hizo cuando los nombres de los dos empresarios fueron hallados en poder del jefe del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry".

Jáuregui se ha mostrado convencido de que si a los empresarios, aunque sean víctimas extorsión, se les llama "después de misa", como propone Olabarria, no se encontraría "prueba alguna", y ha remarcado que es el juez quien tiene que evaluar las detenciones.

Al margen de las "víctimas que han pagado con miedo", el diputado vasco ha proclamado: "En Euskadi hay muchos empresarios buenos, entre ellos éstos, pero los insustituibles son los que no pagan".

Desde el grupo popular, el diputado Federico Trillo ha apuntado que si ha habido "desproporción" son los jueces quienes deben determinarlo, y no el Parlamento, cuya función consiste en "tranquilizar" a los empresarios vascos que en una "inmensa mayoría" son "héroes" que no han cedido a ETA.

Trillo se ha mostrado convencido de que el Gobierno se ha limitado a cumplir órdenes de la Audiencia Nacional y que no ha tenido nada que ver con la "publicidad" que ha rodeado las detenciones, por lo que no necesita más aclaración.