Interrogan a otro empresario y las patronales advierten de que son víctimas

San Sebastián.-  Otro empresario vasco, Jesús Guibert, ha prestado hoy declaración y su domicilio ha sido registrado en relación con el pago del denominado "impuesto revolucionario" de ETA, orden judicial que ha sido cuestionada por las patronales vascas que recalcan que son víctimas, no delincuentes.

Guibert ha sido interrogado hoy por la Guardia Civil y su domicilio, ubicado en una céntrica calle de San Sebastián, ha sido registrado por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, con el fin de buscar las cartas en las que presuntamente la banda terrorista le reclamó una extorsión económica.

Este empresario, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucín y quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.

El registro de hoy se produce veinticuatro horas después del efectuado en el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil y ayer mismo quedó en libertad.

Estas dos actuaciones policiales están relacionadas con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad francesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.

Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.

Las distintas patronales vascas han cuestionado hoy estas órdenes judiciales y Confebask ha pedido "amparo y respeto" para los empresarios extorsionados por ETA, ya que considera que "en ningún caso cabe tratarles como delincuentes" porque "toda persona extorsionada y amenazada por la acción del terrorismo es, ante todo, una víctima".

También la patronal vizcaína Cebek ha subrayado que los "numerosos" empresarios y profesionales extorsionados por ETA son siempre víctimas y ha reclamado que no se "frivolice" con una "lacra" que genera mucho sufrimiento en el País Vasco.

La Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, Adegi, ha señalado igualmente que las víctimas de la extorsión de ETA no pueden ser tratadas como "malhechores" y ha ensalzado la trayectoria empresarial de Jesús Guibert.

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha mostrado por su parte su "plena confianza en la demostrada integridad personal y profesional" del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, a quien ha expresado su solidaridad.

Estas órdenes de Garzón han sido criticadas con mayor dureza por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien ha afirmado que "alguien tendría que poner coto" a este juez por actuar de "forma despreciable", "al convertir a las víctimas en delincuentes".

Algunos partidos también han opinado sobre los registros a los domicilios de los empresarios, entre ellos EA, que ha reclamado a Garzón que "cese el linchamiento" contra quienes padecen la extorsión, o Ezker Batua, que ha pedido que "no se penalice ni criminalice" a los empresarios extorsionados porque ello supondría "un doble castigo, primero por parte de ETA y luego por parte de la Justicia" que debe ampararles.