Vitoria.- Las órdenes de protección solicitadas por mujeres víctimas de la violencia machista, han aumentado en un cincuenta por ciento en tres años, al pasar de 1.322 en el 2005 a 1.954 en el 2007.
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga.
Estos datos se desprenden del balance de la actuación de los juzgados específicos sobre violencia de género de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, avanzados hoy por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.
Desde el pasado lunes, a estos tres juzgados se les ha sumado el de Barakaldo (Vizcaya), con cinco procedimientos penales abiertos ya hasta las 11:00 horas de ayer. La apertura de este juzgado ha supuesto un coste de 518.000 euros.
Según los datos aportados, los asuntos penales por violencia de género se han incrementado en un 10 por ciento entre 2005 y 2007, pasando de 3.761 a 4.127.
Por su parte, las órdenes de protección solicitadas han crecido un 50 por ciento (de 1.322 a 1.954), incremento que, para el consejero, "demuestra la importancia que las mujeres denunciantes otorgan a la protección".
Cada día se presentan en Euskadi once denuncias por este tipo de delitos, y se piden una media de 5,5 órdenes de protección. En total, el 67 por ciento de los denunciados son condenados y el 33 por ciento absueltos.
Azkarraga ha avanzado también las nuevas actuaciones para este año, con la puesta en marcha de un Centro de Coordinación Único de las Órdenes de Protección, que se ocupará del desarrollo de funciones administrativas y de coordinación entre los órganos judiciales y del resto de servicios competentes para la adopción de medidas de protección.
Este centro supondrá un desembolso de 185.000 euros para material y 134.000 euros anuales para personal. Estará ubicado en el Palacio de Justicia de Bilbao y comenzará a funcionar en otoño.
Asimismo, se van a crear unidades Integrales de Valoración entre el Instituto Vasco de Medicina Legal y los Equipos Psicosociales Judiciales, encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia machista.
Otra serie de actuaciones están dirigidas a las víctimas extrajeras, ya que suponen el 25 por ciento de las denunciantes en Euskadi, mientras que el 34 por ciento de los presuntos agresores proceden de otros países, cuando en el País Vasco la población extrajera ronda el cinco por ciento.
Así, se reforzarán los servicios de traducción en lenguas extranjeras y se integrará un módulo sobre atención a este colectivo en la formación de los letrados del turno especializado.
Azkarraga también ha presentado dos estudios, uno realizado a las afectadas sobre la respuesta institucional que reciben y, el segundo, dirigido a jueces, policías, psicólogos y, en general, a colectivos que trabajan con estas mujeres.
Del primero se desprende que las víctimas resaltan la importancia de imponer medidas de seguridad contra el agresor y de que se les ayudes a buscar trabajo y a acceder a una vivienda, así como que valoran la rapidez de respuesta, la protección y el asesoramiento psicológico.
Por su parte, el segundo de los estudios señala que la orden de protección es "válida" cuando existe una situación de riesgo objetivo, pero "no como medida defensiva, porque conlleva la restricción de derechos fundamentales".
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