San Sebastián.- El 13% de los imputados por delitos de violencia intrafamiliar en Euskadi en los últimos cuatro años han reincidido en sus conductas, un porcentaje que el consejero vasco de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha tachado de "muy alto".
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga.
Azkarraga y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, han presentado hoy los resultados de un estudio sobre la reincidencia y el análisis criminológico en la violencia intrafamiliar, en el marco del II Congreso Interdisciplinar de Violencia de Género e Intrafamiliar, que se celebra desde ayer en el Kursaal de San Sebastián.
El informe, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, ha estudiado un total de 24.157 medidas judiciales incluidas en sentencias por todo tipo de agresiones en el hogar, incluidas las machistas y también las que se producen entre padres, hijos, abuelos o hermanos.
De los 4.948 infractores estudiados, el 13% ha cometido dos o más delitos, mientras que el 18% de éstos ha reincidido en tres ocasiones, aunque se han dado siete casos que han delinquido más de seis veces.
"Los datos reflejan que, pese a la gravedad de las penas previstas para los delitos de malos tratos, la tasa de reincidencia es notablemente alta", ha sostenido Azkarraga.
El 57% de los casos se han dado en situaciones en los que el denunciante y la persona denunciada no convivían, mientras que en un 10% de los casos las agresiones han sido protagonizadas por ex novios, de lo que se concluye, según el consejero, que "estamos ante una cuestión que es más cultural y no tanto derivada del roce que produce la convivencia".
Azkarraga ha destacado también que en el 80% de los casos estudiados las víctimas han sido mujeres.
La mayoría de los delitos (el 61%) son de gravedad moderada, como insultos o vejaciones, mientras que los graves, los que conllevan violencia física y psíquica o intimidación, representan el 20%, los leves -faltas- un 18%, y los muy graves (violencia con lesiones graves) o de gravedad extrema (con resultado de muerte) representan el 1%.
El 77% de los infractores son de nacionalidad española, mientras que el 23% restante corresponde a extranjeros, un porcentaje muy superior al de población extranjera empadronada en el País Vasco en 2008, que es del 5,4%.
En cuanto a las medidas penales aplicadas, el 36,5% han sido de alejamiento, el 27,7% prohibición de comunicación, el 3,3% de prohibición de volver al domicilio, el 2,3% prohibición de residir en un lugar determinado, el 2% suspensión de tenencia y uso de armas, y el 1% medidas privativas de libertad.
También se ha estudiado el tiempo de respuesta judicial, que arroja una media de 8 meses, aunque el 25% de los asuntos se resuelve en menos de 10 días y el 50% en menos de 6 meses.
En un 40% de los casos las víctimas solicitan medidas de protección, que son concedidas de forma inmediata entre el 60 y el 70% de las ocasiones.
El informe concluye que resulta necesario estudiar los motivos por el que un 12,5% de las renuncias son retiradas por los denunciantes, lo que el consejero ha atribuido a la dependencia emocional y económica y al sentimiento de culpa por "ser la causa de la ruptura de la familia", así como al miedo a las represalias.
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