MADRID.- La defensa del ex confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier, condenado a diez años por suministrar explosivos a la célula islamista que cometió los atentados del 11-M, solicitó hoy al Tribunal Supremo que le aplique el mismo criterio que empleó la Audiencia Nacional para absolver a los hermanos Carmen y Antonio Toro, al considerar que tienen imputaciones similares.
La defensa del ex confidente de la Guardia Civil Rafa Zouhier, condenado a diez años por suministrar explosivos a la célula islamista que cometió los atentados del 11-M, solicitó hoy al Tribunal Supremo que le aplique el mismo criterio que empleó la Audiencia Nacional para absolver a los hermanos Carmen y Antonio Toro, al considerar que tienen imputaciones similares.
En la sesión vespertina de la primera de las vistas que celebra la Sala de lo Penal para analizar los 31 recursos de casación presentados contra la sentencia, el abogado de Zouhier, Antonio Alberca, defendió que el tribunal de instancia no acreditó que su cliente supiera que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras hubiera suministrado explosivos al líder de la célula islamista Jamal Ahmidan, 'El Chino', ni que hubiese organizado una reunión entre ellos.
Según dijo, la sentencia únicamente constata que Zouhier se limitó a presentar a 'El Chino' y a Trashorras, al que conocía tras haber entablado relación en la cárcel con su cuñado, Antonio Toro. "En ningún momento la sentencia dice con claridad para qué se los presentó", argumentó Alberca antes de señalar que el ex minero apuntó en un careo previo al juicio que Zouhier "no oyó nada" en la reunión en la que ambos fueron puestos en contacto. Asimismo, resaltó la declaración realizada por 'El Gitanillo', quien indicó que su relación con el ex confidente se limitaba al tráfico de hachís.
El letrado también destacó "la manifiesta colaboración" que su cliente mantuvo con sus controladores de la Guardia Civil, a los que advirtió de la "peligrosidad" de 'El Chino' y de que disponía de Goma 2 ECO. En este sentido, lamentó que la Benemérita "no hiciera uso de la información que dio" Zouhier y de que luego ésta "sirva para incriminarle" y no para aportarle un "beneficio".
ZOUGAM: CONTRADICCIONES DE LOS TESTIGOS
El abogado de Jamal Zougam, condenado a 42.917 años como autor material de la masacre, defendió la ausencia de pruebas de cargo contra su cliente por las "contradicciones" en que, a su juicio, incurrieron los testigos protegidos que aseguraron verle en los trenes de Atocha. Asimismo, señaló que el tribunal obvió los testimonios que justificaban su coartada, entre ellos el de su madre, a la que se impidió comparecer en la fase de instrucción, y el de un hermanastro.
El letrado Eduardo García Peña defendió durante su exposición que no existe ninguna prueba que relacione a Zougam con los explosivos utilizados en los atentados, con la casa de Morata de Tajuña en la que se prepararon o con la Renault Kangoo en la que fueron traslados hasta la estación de Cercanías de Alcalá de Henares. De igual modo, indicó de dos hermanos del líder de la célula islamista Jamal Ahmidan, 'El Chino', aseguraron que éste "no tenía nada que ver con los atentados".
García Peña calificó de "perversión procesal" que durante el juicio se practicara una rueda de reconocimiento en la que no se preguntaba a los testigos si ratificaban la identificación de fotografías que habían hecho durante la instrucción, sino que se les pedía "si en ese momento eran capaces de decir si alguna le recordaba a la persona que habían visto en los trenes".
Según explicó, antes de que tres testigos protegidos identificaran a Zougam en sede policial y judicial habían visto su fotografía en los medios de comunicación "de forma generalizada y reiterada en el tiempo", lo que perjudicaría su "grado de fiabilidad". En este sentido, apuntó que uno de estos testigos no ratificó su testimonio durante el juicio y que otra cometió "contradicciones e inverosimilitudes", al afirmar que vio pasar "muy deprisa" a Zougam en el quinto vagón de uno de los trenes cuando la bomba que explotó se encontraba en el segundo.
"TRASHORRAS ERA SUSTITUIBLE"
La defensa del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años y seis meses, centró su exposición en rebatir la tesis del tribunal de que su cliente fue "cooperador necesario de los atentados" al suministrar a 'El Chino' la dinamita que se utilizó en los trenes, que había sustraído de la explotación asturiana Mina Conchita.
En este sentido, el letrado Claudio Turiel argumentó que su cliente no pudo actuar como cooperador necesario porque, según la sentencia, la dinamita "estaba al alcance de cualquiera" y él "era sustituible". A ello añadió que el tribunal entendió que "todo o parte del explosivo provino de Mina Conchita", de lo que dedujo que "pudo haber otro proveedor".
Tras poner de manifiesto la "esquizofrenia" que sufre el ex minero, destacó la "colaboración" que mantuvo en todo momento con el Cuerpo Nacional de Policía, lo que le llevó el 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados, a comunicar al comisario de Avilés Manuel García Rodríguez, 'Manolón', que los autores de los atentados habían sido "los amigos de Rafa". Según Turiel, su condición de "confidente" le impidió actuar en los hechos con "dolo eventual".
La Sala, presidida por el magistrado Juan Saavedra, también escuchó los recursos de casación planteados por las representaciones legales de Otman El Gnaoui, condenado a 42.919 años de cárcel como autor material de la masacre; Fouad Morabit y Mouhannad Almallah Dabbas, a los que se impusieron doce años de prisión por integración en organización terrorista; y Hamid Ahmidan, condenado a 23 años de prisión por colaboración con banda armada y tráfico de drogas.
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