Rechazada la iniciativa del PP que pedía la Participación de Ayuntamientos en los Ingresos de la Junta

Sevilla.-  El pleno del Parlamento ha rechazado hoy con los votos del PSOE una iniciativa del PP sobre la Participación de las Corporaciones Locales en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA) con el objetivo de "garantizar" la suficiencia financiera de los municipios y superar sus desequilibrios.

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(EFE)

El diputado socialista Ángel Javier Gallego ha indicado que la pretensión de su formación es fomentar un debate social sobre este asunto y que Andalucía muestre su oposición a esta iniciativa.

La proposición de ley, que contaba con el criterio contrario del Gobierno andaluz, ha sido defendida por la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, quien ha criticado la falta de apoyo de los socialistas a la misma porque "no quieren reconocer los derechos" de los ayuntamientos y porque pretenden seguir siendo "cicateros y tacaños" con las corporaciones locales.

"Es curioso que la Junta diga que no la apoya y que se conforme con que participen en los tributos. Y la única salida que le dan es aumentar los impuestos, el endeudamiento o disminuir los servicios", ha apuntado Oña, quien ha recordado que lo único que quiere el Gobierno andaluz es entregar "migajas" a los ayuntamientos sin que se sepan los "criterios claros" de los repartos.

La iniciativa, que cuenta con siete artículos, una disposición adicional única, una derogatoria, y dos disposiciones finales, pide trasladar competencias y financiación de la comunidad autónoma hacia los ayuntamientos, destinar un fondo para los municipios, y que, de la misma forma las autonomías piden el incremento de los ingresos procedentes del Estado, los ayuntamientos hagan lo propio con los ingresos de las comunidades autónomas.

El PP ha recordado que los ayuntamientos destinan "entre el 30 y el 40 por ciento" de sus presupuestos a competencias autonómicas, sobre todo las sociales, las deportivas, o inmigración, y prevé que su dotación económica sea fruto de un acuerdo entre la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Dicho acuerdo se haría sobre un porcentaje que se establecería con carácter anual en los presupuestos andaluces en base a los ingresos de la comunidad procedentes de los impuestos directos, los indirectos y de las tasas y precios públicos, según ha explicado la portavoz parlamentaria del PP.

El PP, que propone que en los presupuestos de 2008 cuente ya con un fondo de nivelación municipal mediante la PICA, indica en su iniciativa que el porcentaje y las cuantías se revisarían anualmente aplicando el índice de evolución del PIB a precio de mercado.

La proposición de ley permitía que los ayuntamientos puedan contar con este fondo "de forma libre e incondicionada", con lo que serán los propios municipios los que determinen sus "prioridades", y plantea criterios "objetivos y razonables" para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Oña ha señalado que de esta forma se acabará con la "discrecionalidad y la arbitrariedad" de la Junta a la hora del reparto de fondos municipales, por lo que tendrá prioridad el criterio poblacional, de forma que un 40 por ciento se distribuiría en función de la población con una serie criterios correctores.

El resto se repartiría en virtud de la superficie del municipio, de forma inversamente proporcional a la capacidad recaudatoria, en función de la asistencia de núcleos poblacionales, teniendo en cuenta el carácter turístico de los municipios, y para atender "situaciones especiales", que el PP centra en la inmigración.

El portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, ha justificado el rechazo de su grupo a la iniciativa del PP en que no se trata de un problema de ser "cicatero" sino de concretar cuáles son las competencias de la comunidad autónoma que se verían afectadas por la demanda de participación municipal en los ingresos.

Gracia también ha reprochado a IU que critique que no se apoye esta iniciativa cuando la federación de izquierdas ha respaldado horas antes una propuesta de resolución en el debate general sobre financiación autonómica que fijaba una ley de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad en el 2009.