El Gobierno garantiza a los países iberoamericanos no variará su política migratoria

Madrid.-  El Gobierno ha garantizado hoy a los embajadores de los países iberoamericanos que no variará su política respecto a la inmigración y que la directiva europea de retorno no va a afectar a la legislación que hay en vigor.

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(EFE)

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy junto al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido para informar de la reunión que han mantenido hoy con los embajadores de los países iberoamericanos para explicarles la directiva de retorno de inmigrantes.

Éste ha sido el mensaje de "tranquilidad" que los secretarios de Estado para la UE, Diego López Garrido, y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, han trasladado a los representantes diplomáticos en la reunión mantenida esta tarde en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ante la alarma suscitada en algunos países, López Garrido y Jiménez les han explicado que la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado día 18 tiene como fin armonizar las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes irregulares y reforzar las garantías de sus derechos.

La norma establece, entre otros puntos, que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

También recoge que los expulsados no podrán volver a entrar en la UE en cinco años y que la devolución de un menor deberá hacerse con la aceptación de algún familiar o tutor.

Según Jiménez, las medidas de la directiva, que entrará en vigor en 2010, no van a afectar a las reglas ya vigentes en España.

El único punto que se transpondrá a la legislación española es el relativo al ejercicio de los derechos de manifestación, asociación y reunión de los inmigrantes, después de que lo avalara el Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre, según ha explicado.

Jiménez ha dejado claro que todos los inmigrantes que ya están en España o los que puedan venir seguirán gozando de los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos.

La secretaria de Estado ha puesto el ejemplo de que un extranjero podrá acudir a urgencias "tenga la situación que tenga" y "primero se le atenderá y luego, se le preguntará si tiene cartilla sanitaria".

Jiménez ha recordado que la ley española ya regula el retorno de los indocumentados y que no hay previsión por ahora de variar el plazo máximo de internamiento de 40 días.

Ha apuntado que el Gobierno está reflexionando sobre la posibilidad de elevar el plazo a 60 días, pero ha precisado que este cambio "no es una consecuencia directa" de la norma de la UE, sino una garantía para poder completar los procesos de expulsión.

López Garrido ha insistido en que la directiva "no es para endurecer" la legislación, sino para salvaguardar los derechos de los inmigrantes que van a ser repatriados.

"Los embajadores lo han comprendido y se han tranquilizado", ha dicho el secretario de Estado.

La reunión se ha prolongado una hora más de lo previsto ante el interés de los participantes por expresar su opinión.

A la cita han acudido todos los embajadores citados, salvo tres -Bolivia, Cuba y Panamá-, que han contado con otros representantes.

Entre los asistentes, estaba el embajador de Ecuador, Nicolás Issa, y el de Venezuela, Alfredo Toro, los dos países que han criticado la Directiva con más dureza.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó a definir la norma como "la directiva de la vergüenza", y el venezolano, Hugo Chávez, amenazó con revisar las inversiones a los países que la apliquen.

Jiménez ha expresado su "respeto" por este tipo de declaraciones, pero ha considerado que las dudas han quedado disipadas, aunque ha pedido a los embajadores que las transmitan a sus Gobiernos para acallar los malentendidos.