Oviedo.- La Procuradora General, María Antonia Fernández Felgueroso, ha asegurado que el convenio firmado hoy con la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado, que engloba a cerca de 50.000 personas, permitirá una "actuación conjunta" de "defensa y promoción de los derechos de los mayores".
La procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso.
Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA), Dolores San Martín, con la que ha suscrito el acuerdo.
Fernández Felgueroso ha apuntado que esta colaboración entre ambos entidades suceda a la entablada anteriormente como integrantes de la comisión especial creada para el seguimiento de la Ley de Dependencia.
"Muchas veces las quejas no se refieren a vulneración de derechos" y sí a "malas prácticas administrativas", según ha comentado la Procuradora General en relación a las quejas de las que han tenido conocimiento vinculadas a la tercera edad.
Entre las labores desarrolladas por la FAMPA, que reúne a un total de 65 asociaciones, se ha referido también al papel de estos colectivos por su capacidad para transmitir las quejas y necesidades de las personas mayores.
El convenio, a juicio de María Antonia Fernández Felgueroso, facilita igualmente la divulgación de la Procuradora General, una institución a la que, según ha revelado, "preocupan" los asuntos relacionados con las personas mayores.
Ha mencionado el envejecimiento de una gran parte de la población, y ha subrayado cómo "todavía existe la visión de que las personas que dejan de trabajar pasan a ser invisibles" pese a que se trata de una población que "sigue contribuyendo al estado del bienestar".
Los malos tratos a personas mayores, tanto físicos como psicológicos, es uno de los asuntos que requiere la atención de la Procuradora General, que ha adelantado que estará muy atenta a estos problemas.
En relación a la Ley de Dependencia, Fernández Felgueroso ha admitido que se trata de una normativa "compleja" que exige "consenso y lealtad institucional".
La presidenta de la FAMPA considera que aún quedan "muchas cosas" en las que trabajar en cuanto a derechos de los mayores", y ha abundado en que la "tardanza" en la resolución de los expedientes de solicitantes de prestaciones de la Ley de Dependencia es una de las principales reivindicaciones de los demandantes.
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