Oviedo.- La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, considera que la institución que dirige, que completó el desarrollo institucional de la comunidad autónoma, ya ha comenzado a ser conocida por los ciudadanos por su labor que, ha precisado, "no es decir lo que está bien, sino lo que es mejorable".
La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, tras la entrevista con Efe, en la que consideró que la institución que dirige ya ha comenzado a ser conocida.
En una entrevista con Efe más de dos años y medio después de acceder al cargo, Fernández Felgueroso hace un balance positivo de la gestión de la Procuraduría, de la independencia mostrada en este periodo y de haber logrado que se sitúe "fuera del debate político".
El órgano equivalente al Defensor del Pueblo a nivel estatal está además a la espera de trasladarse a su nueva sede en la ovetense Plaza de Riego, lo que permitirá que operen en el mismo centro de trabajo todo el equipo de la institución y tener "una mayor visibilidad" de cara a los ciudadanos.
"Estamos satisfechos por el reconocimiento de la institución que empiezan a tener los ciudadanos, pero la labor de divulgación supone un trabajo permanente. En el País Vasco o en Andalucía llevan existiendo desde hace veinticinco años y lo siguen haciendo", añade.
Entre estas actividades figuran los cuarenta convenios suscritos con ayuntamientos y asociaciones de todo tipo para convertirlos en los "agentes" de la Procuraduría en toda la región para hacer más accesible a los ciudadanos la información sobre el método a seguir para plantear una queja ante este organismo.
La Procuraduría tiene suscrito además un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo estatal que permite evitar duplicidades en las reclamaciones que se les trasladan de forma que una de las dos pueda inhibirse en casos que no sea de su competencia o que den traslado a la otra de los asuntos de su ámbito de actuación.
En el año 2007, la Procuraduría tramitó 351 quejas de ciudadanos asturianos después de que en 2006 lo hiciera con 88 cuestiones en sus cuatro primeros meses de funcionamiento y, a lo largo de este periodo, la mayoría de las cuestiones están relacionadas con la sanidad, la función pública y el medio ambiente.
Actualmente, este organismo trabaja en la elaboración del documento correspondiente a 2008 después de haber dedicado los últimos meses a un informe monográfico sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en Asturias.
Esta iniciativa responde a un intento de hacer diagnósticos sobre la situación de colectivos que, como éste, "desconoce sus derechos" y que requiere de una actitud "más proactiva" desde la institución, "que se adelanta 'motu propio' sin que medie queja".
En este sentido, ha recordado que en Asturias este fenómeno es todavía más reciente que en otras comunidades autónomas "porque el primer chaval en estas circunstancias del que se tiene constancia llegó en 1995" y se incrementó progresivamente en los últimos años.
Así, en 2006 ingresaron en los centros de menores del Principado 101 jóvenes en esta situación, 85 en el año 2007 y 89 en 2008 y la Procuraduría ha planteado en su informe la necesidad de que se les trate desde la perspectiva "de que son inmigrantes pero también son menores" y tienen derecho a que se les aplique la normativa nacional e internacional vigente para este colectivo.
El documento constata que, en la mayor parte de los casos, estos jóvenes "tienen los mismos objetivos que los adultos inmigrantes: tener papeles, trabajo o dinero para mandar a sus familias" con lo que su situación "no tiene nada que ver con las de los menores nacionales" acogidos en estos centros.
"Ésas son sus expectativas y cualquier actuación que no vaya en esa línea les produce rechazo, lo que acarrea fugas y ese deambular por las distintas comunidades que hace imprescindible la coordinación entre las distintas autonomías", ha subrayado.
Así, la procuradora plantea que, sobre todo en el caso de los jóvenes próximos a la mayoría de edad, es necesario "un modelo de intervención que evite la improvisación", que plantee medidas "adecuadas a su especificidad" dado que se trata de un fenómeno que no es previsible que deje de producirse en los próximos años.
Según Fernández Felgueroso, hasta ahora la receptividad de la administración autonómica a las recomendaciones de la Procuraduría "está siendo bueno, aunque en determinados casos pueda decir que no" a sus sugerencias dado que, a su juicio, "en ocasiones el órgano gestor no puede analizar las cuestiones con una visión de conjunto y objetiva" que, considera, sí aporta la institución que dirige.
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