La Inspección de Trabajo y la Fiscalía colaborarán para la reducción de accidentes laborales

Murcia.-  El presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, firmaron hoy un convenio para promover la colaboración y el intercambio de información entre ambas instituciones en materia laboral, con vistas a reducir la siniestralidad en el trabajo.

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(EFE)

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (i), y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido (d), en el momento de firmar hoy en Murcia un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Murcia y la Fiscalía General del Estado.

El acuerdo, similar a los puestos en marcha en otras comunidades autónomas, se rubricó en el Palacio de San Esteban en un acto al que asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en la comunidad, Rafael González Tovar; el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal; y los secretarios regionales de UGT y CCOO, Antonio López Baños y José Luis Romero, respectivamente.

Cándido Conde-Pumpido afirmó que un país "jurídica y económicamente evolucionado como España no puede permitirse que su desarrollo tenga un coste tan alto, en vidas y en salud, como el que significa el número de accidentes de trabajo que se producen", y apuntó que, a través del derecho penal, se debe poner freno "a estas graves conductas que atentan contra la vida y la integridad de las personas".

En opinión del fiscal general del Estado, "no se puede tolerar que algunos empresarios, no merecedores de este nombre, contabilicen como coste de su explotación la seguridad de sus trabajadores", tras lo que dijo que "el coste social y sanitario de los accidentes, el dolor de los afectados e incluso la libre competencia se verían defraudados por la actuación desleal de quienes ahorran gastos en seguridad".

Conde-Pumpido añadió que estas actividades delictivas "degradan las garantías y las condiciones del mercado de trabajo", y afirmó que Murcia "no es ajena a estos problemas", a pesar de haber reducido en los últimos años sus índices de siniestralidad.

Informó de que el 40 por ciento de los accidentes de trabajo producidos en 2007 en la región se registraron en el sector de la construcción, y de que en los últimos ejercicios se ha producido un "incremento en procedimientos judiciales a la vez que un descenso en el número de accidentes".

En ese sentido, el presidente regional afirmó que hace siete años esta comunidad era la primera del país en número de accidentes de trabajo y ahora ocupa el cuarto puesto de regiones con menor siniestralidad "gracias a los planes de actuación que se pusieron en marcha y que abrieron el camino en el descenso ininterrumpido de estos malos indicadores".

Para Valcárcel, las actuales estadísticas "nos deben animar a seguir trabajando para mejorar el futuro, siendo conscientes de que la apuesta por la seguridad y salud laboral nos exige trabajar sin descanso, porque cada accidente laboral se traduce en un drama familiar y humano".

El convenio firmado hoy permite lograr mejoras esenciales en la eficacia y el funcionamiento de ambas administraciones en esta materia, fundamentado en tres ejes: la información, la formación y la colaboración entre administraciones.

Según Valcárcel, se trata de un acuerdo a través del cual se promoverá el intercambio de información sobre situaciones de riesgo y siniestros graves o muy graves que puedan tener trascendencia judicial, estableciendo cauces de información fluida y recíproca sobre las infracciones en materia preventivo-laboral que puedan dar lugar a responsabilidad penal.

También se impulsará la formación de los fiscales en cuestiones de seguridad y salud laboral, así como del personal con funciones preventivas de la Consejería de Empleo, en materia jurídico-penal.

En virtud de este convenio, la Consejería de Empleo se compromete a comunicar con agilidad los casos de accidentes muy graves o mortales registrados, en los que existan indicios de delito, y situaciones de riesgo grave, al tiempo que la Fiscalía deberá enviar trimestralmente las diligencias judiciales y las investigaciones en trámite, así como las estadísticas de que disponga.