Valladolid.- La Junta de Castilla y León y el Ministerio Fiscal se han comprometido hoy a fortalecer su cooperación en materia de siniestralidad laboral, a través de la puesta en marcha de un protocolo que pretende reducir los accidentes de trabajo y perseguir más eficazmente las conductas delictivas.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el fiscal coordinador de siniestralidad laboral, Juan Manuel Oña, han rubricado hoy en Valladolid el acuerdo que, según ha explicado Oña, trata de orientar esfuerzos en la misma dirección.
"Las estadísticas de siniestralidad laboral en España han mejorado mucho en los últimos años gracias sobre todo a la respuesta jurídico-penal, pero todavía queda mucho por hacer porque las cifras siguen sin ser razonables", ha afirmado el fiscal, para quien además España sale "muy mal parada" en esta materia si se la compara con los países de su entorno.
En este sentido, el consejero ha informado de que los accidentes laborales en Castilla y León se redujeron desde los 46.285 registrados en 2006 a los 45.422 contabilizados en 2007, y que en ese mismo periodo los más graves pasaron de 532 a 409 y que las muertes en el trabajo disminuyeron desde 83 a 56.
La progresiva reducción de esa estadística es el objetivo del convenio firmado hoy y que, según ha explicado el fiscal, descansa en dos pilares: el fomento del intercambio rápido de información entre la Administración regional y la Fiscalía, y la mejora de la formación del personal de ambas instituciones.
De esta manera, el Gobierno regional se compromete a comunicar a la Fiscalía las actas de infracción que se deriven de accidentes de trabajo mortales o muy graves, las que den lugar a sanciones graves o muy graves, las actas de vulneración de la normativa cuando se trate de menores o colectivos sensibles, y aquellas que muestren indicios de delitos relacionados con la seguridad y salud laboral.
Por su parte, el Ministerio Fiscal informará periódicamente de las acciones llevadas a cabo en relación con las actas remitidas, así como de la situación de los procedimientos administrativos suspendidos por imperativo legal.
Ambas instituciones se comprometen además a compartir informes y estudios y a prestarse asesoramiento mutuo.
En cuanto a la formación, ambas partes han acordado organizar para sus funcionarios jornadas técnicas sobre prevención de riesgos laborales y sobre régimen jurídico penal.
No obstante, el fiscal ha aclarado que este acuerdo no pretende "criminalizar la actividad económica ni perseguir a empresarios o profesionales", sino "perseguir con eficacia a quienes cometen hechos delictivos".
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