La Justicia colombiana intenta desenredar los tentáculos de la "Farcpolítica"

Bogotá.-  El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pronosticó hoy que la investigación a doce personas entre parlamentarios, activistas de derechos humanos, periodistas y extranjeros por supuestos nexos con la guerrilla izquierdista de las FARC, será larga y compleja.

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(EFE)

La senadora colombiana Piedad Córdoba habla hoy en un encuentro con estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, suroccidente de Colombia, donde explicó que sus contactos con las FARC "buscaron siempre el intercambio humanitario para la libertad" de los secuestrados.

La investigación sobre la llamada "Farcpolítica" "apenas comienza", dijo el fiscal, quien el jueves anunció la apertura del proceso para aclarar si los supuestos vínculos de los investigados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "fueron más allá" de las gestiones por la paz.

La investigación se basa en los datos de los computadores decomisados en el campamento que las FARC tenían en territorio ecuatoriano, que fue bombardeado el pasado 1 de marzo por tropas colombianas, operación en la que murieron el número dos de esa guerrilla, alias "Raúl Reyes", y 25 personas más.

Iguarán también negó que la investigación sea una maniobra para tapar el escándalo de la "parapolítica", desatado a finales del 2006 por los nexos de numerosos políticos afines al Gobierno con los grupos paramilitares de derecha.

En la lista de investigados divulgada ayer por Iguarán figuran tres congresistas, dos periodistas, dos ecuatorianos, un venezolano, un estadounidense y tres activistas de los derechos humanos, quienes han negado cualquier tipo de relación con las FARC distinta a las gestiones de paz y por la liberación de los secuestrados de esa guerrilla.

La lista la encabeza la senadora opositora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, quien a finales del año pasado medió junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para que las FARC libere a los políticos, policías y militares secuestrados.

También están bajo investigación los parlamentarios socialistas Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, ambos del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA); el ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el gestor de paz Lázaro Vivero Paniza, la activista Liliana Obando y los periodistas Carlos Lozano y William Parra.

Igualmente el académico estadounidense James Jones, el diputado venezolano Amílcar Figueroa, la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle y el ciudadano ecuatoriano Iván Marcelo Larrea, hermano del ministro Seguridad Interna y Externa de ese país, Gustavo Larrea.

Algunos de los acusados afirmaron que están dispuestos a colaborar con la justicia y advirtieron que el proceso en el que están involucrados busca desviar la atención y tender una "cortina de humo" sobre el escándalo de la "parapolítica", como manifestó Córdoba.

"No le tengo miedo a enfrentar este proceso porque es una estrategia para inmovilizarnos, para que quedemos en manos de la guerra, para que se confunda toda la porquería de la 'parapolítica", puntualizó la senadora.

En el escándalo de la "parapolítica" están involucrados 63 políticos, entre ellos varios congresistas, y de ese total, 40 están en la cárcel.

Sobre Córdoba, quien ha admitido que apoya algunos planteamientos sociales de las FARC, el fiscal señaló que se busca establecer si los correos electrónicos guardados en los computadores "van más allá de gestiones por la paz".

Al respecto, la senadora manifestó que la sección de inteligencia militar "desde hace rato viene buscando" inculparla, pero subrayó que no se dejará amedrentar por lo que llamó "un régimen mafioso".

Por su parte, el ecuatoriano Iván Marcelo Larrea afirmó que su inclusión en la investigación es "para generar una cacería de brujas y escalar un conflicto entre los dos países en función de la crisis política interna que sufre el Gobierno de Álvaro Uribe".