Bogotá.- La senadora colombiana Piedad Córdoba y el periodista Carlos Lozano, afectados por la apertura de una investigación preliminar anunciada por la Fiscalía por presuntos nexos con las FARC, señalaron hoy que continuarán trabajando por la paz y el acuerdo humanitario.
La senadora Piedad Córdoba, del opositor Partido Liberal, explicó que sus contactos con las FARC, así como con personalidades internacionales "buscaron siempre el intercambio humanitario para la libertad" de los secuestrados.
El fiscal general colombiano, Mario Iguarán, anunció hoy las primeras indagaciones a 12 personas, entre ellas cuatro extranjeros, tres congresistas y dos periodistas, por esos presuntos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armaras Revolucionarias de Colombia (FARC).
Córdoba, del opositor Partido Liberal, explicó que sus contactos con las FARC, así como con personalidades internacionales "buscaron siempre el intercambio humanitario para la libertad" de los secuestrados.
Córdoba ratificó en Cali, suroeste, en un encuentro con estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, que continuará en su labor por el proceso, que no retrocederá en la búsqueda de la reconciliación y por los secuestrados, con ayuda "latinoamericana y europea".
Consideró que el llamado de la Fiscalía es una "cortina de humo para inmovilizarla" y subrayó que no suspenderá sus gestiones "no solo por mandato de los familiares sino por convicción personal" a lo que remarcó que va "a privilegiar una salida política" y pacífica por los rehenes.
Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, por su parte, dijo estar "presto a concurrir a la Fiscalía una vez se me convoque para dar las explicaciones que sean pertinentes".
Añadió que ha sido un "trabajador por la paz", y siempre ha estado "alejado de la guerra, buscando alternativas, salidas a eso" y "lo saben quienes me conocen, incluidos los dos últimos Gobiernos".
Señaló que no cree que haya algo que le incrimine y que no está preocupado, pese a no conocer "cuáles son los cargos y pruebas que dice tener la Fiscalía".
Al ver la lista de las 12 personas afectadas, concluyó Lozano, "son las que han o hemos trabajado por la paz y el acuerdo humanitario".
En la lista también figuran un ex candidato presidencial, y una portavoz de una ONG, que aparecieron en los computadores de alias "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC
Los nombres de esas 12 personas fueron hallados en los ordenadores de "Reyes", abatido en una operación militar colombiana el 1 de marzo pasado contra un campamento rebelde en territorio ecuatoriano.
Según la Fiscalía, son los primeros indicios de nexos con las FARC, "no solo de carácter epistolar", de acuerdo a informes de la Policía judicial.
Algunos medios y analistas consideran que la apertura de ese proceso, llamado como el de la "farcpolítica" sería "una respuesta al de la 'parapolítica'", en curso por los presuntos nexos de políticos y funcionarios con jefes paramilitares.
El fiscal Iguarán envió copias de las acusaciones a la Corte Suprema de Justicia, que deberá indagar a los tres congresistas, y a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, adscrita a su despacho, para investigar a las otras nueve personas.
Los congresistas afectados, además de Córdoba, ex mediadora junto al presidente venezolano, Hugo Chávez, en la puesta en libertad de algunos rehenes de las FARC, son los también senadores Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, ambos del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).
Entre los cuatro extranjeros que Iguarán pidió investigar están el venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Latinoamericano y la ecuatoriana María Augusta Calle, que pertenece a la Asamblea Constituyente de su país.
También serán indagados el ecuatoriano Iván Larrea y el profesor estadounidense James Jones.
Igualmente están comprometidos el ex candidato presidencial Álvaro Leyva y el ex asesor presidencial de Paz, Lázaro Vivero, así como el periodista William Parra y la representante de una ONG, Liliana Patricia Obando.
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