El fiscal denuncia al alcalde de Atarfe por prevaricación en una urbanización

Granada.-  La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina Elvira Residencial y un campo de golf anexo a la misma, además de otras obras de su entorno.

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(EFE)

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina Elvira Residencial y un campo de golf anexo a la misma, además de otras obras de su entorno.

El decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, precisa que de las diligencias de investigación penal abiertas tras las denuncias de varios colectivos -entre ellos, IU, PP o Ecologistas en Acción- se deduce la existencia de "indicios suficientes" de prevaricación, construcción ilegal y falsedad.

Aunque formula denuncia contra el regidor de Atarfe, el fiscal considera que la imputación que se formule deberá extenderse a quienes hayan votado a favor de acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado igualmente en la tramitación de los expedientes.

Igualmente, se refiere en este sentido a los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf SA y a las personas concretas que procedieran a las construcciones ilegales o falseado unos planos.

En un decreto de veintisiete páginas, el fiscal Luis Salcedo se refiere a diferentes hechos relacionados con los convenios urbanísticos, las actuaciones administrativas y las obras realizadas, que, en síntesis, son las de edificación de la urbanización Medina Elvira prevista para 3.500 viviendas.

A éstas se suman la construcción de un campo de golf de dieciocho hoyos anexo al citado residencial, la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparacena y otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona, en la que también está previsto un hotel.

Estas actuaciones, según relata el fiscal, fueron diseñadas para una finca que el Ayuntamiento vendió -"no se acaba de comprender porqué"- por un importe inferior a su valor de tasación.

En concreto, según la escritura de compraventa, los convenios firmados y la nota registral, el precio es de 3,6 millones de euros, por lo que "no deja de ser extraño" -refiere Salcedo- que días después la finca se tase a efectos de subasta en 8,4 millones.

Todo ello, al margen de que, indica el decreto del Ministerio Público, la percepción total de estas cantidades esté sujeta a un hecho "futuro e incierto" que no depende del propio Ayuntamiento, como es la aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.