Sao Paulo.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió enviar al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, la petición de autorización para la extradición del narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, informaron hoy fuentes de la defensa.
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", a su llegada, el pasado 3 de octubre, al Sexto Juzgado Criminal para prestar su declaración ante la justicia brasileña, en la ciudad de Sao Paulo.
Con la renuncia a una eventual apelación y aún sin la publicación oficial de la resolución que aprobó la extradición, autorizada el pasado 13 de marzo, los abogados de Ramírez Abadía, alias "Chupeta", pidieron a la máxima corte de Justicia del país acelerar el traslado del capo a Estados Unidos.
Una fuente de la defensa indicó a Efe que el magistrado Eros Grau atendió la petición del abogado Luiz Gustavo Battaglin, y el tribunal aceptó por unanimidad tramitar la petición al presidente Lula, quien tiene sesenta días para autorizar la extradición.
"Chupeta" fue preso el 7 de agosto en Sao Paulo, junto a su mujer, también de nacionalidad colombiana, y doce personas más en la denominada "Operación Harapos".
El capo del llamado Cartel del Norte del Valle era el narcotraficante más buscado por Estados Unidos, que ofrecía cinco millones de dólares por su captura, y donde Ramírez Abadía deberá responder por los cargos de tráfico internacional de drogas y quince homicidios.
En marzo pasado, el STF en una decisión unánime apoyó la extradición, condicionada a que Estados Unidos respete un principio constitucional de no aplicar sentencias superiores a treinta años, como estipula la legislación brasileña.
La renuncia a apelar la extradición y el haber aceptado el fallo del STF aún sin ser publicado oficialmente ocurrieron inmediatamente después de la sentencia del Tribunal Regional Federal (TRF) de Sao Paulo, que condenó a Ramírez Abadía a una pena de treinta años por cuatro delitos cometidos en Brasil.
Battaglín señaló a periodistas en Brasilia, después de visitar al STF, que la defensa apelará esa sentencia de la Justicia regional, pues considera injusto el cargo de "corrupción activa" y sin esa imputación la pena podría rebajarse a diez años, que serían computados con la condena que impondría Estados Unidos.
Los otros delitos por los que Ramírez Abadía fue juzgado en Brasil son los de lavado de activos, concierto para delinquir y uso de documentos falsos.
En su proceso judicial, Ramírez Abadía entregó propiedades por un valor de 3,2 millones de dólares que fueron subastadas por la Justicia y ofreció entre 35 y 40 millones de dólares para una delación premiada que facilitara su extradición y el traslado a una prisión en Sao Paulo.
El juez federal de Sao Paulo, Fausto de Sanctis, sin embargo, negó esa petición al considerar que la cifra era mínima con respecto a los supuestos 117 millones de dólares que el capo, economista titulado en una prestigiosa universidad bogotana, habría escondido antes de su captura en su lujosa residencia.
De Sanctis, en su fallo del lunes, consideró que Ramírez Abadía debe cumplir su sentencia en Brasil y se opuso a la extradición inmediata, como pretende la defensa, que también apelará la condena de la esposa del capo, al argumentar que no existen pruebas en su contra, y de otras ocho personas juzgadas en el mismo proceso.
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