Jueces, partidarios de medidas para evitar la reincidencia pero no "en caliente"

Madrid.-  Las asociaciones judiciales son partidarias de estudiar medidas "posdelictuales" para evitar la reincidencia de delincuentes de difícil reinserción, como el detenido en relación con la muerte de la niña Mari Luz Cortés, siempre que sean fruto de un debate sereno y no "en caliente".

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha asegurado a Efe que los jueces deben razonar desde la serenidad y "no empezar a hablar de la cadena perpetua a las 24 horas de haber ocurrido un hecho horroroso y abominable".

En este sentido la APM considera que no se puede renunciar al actual modelo constitucional y volver a un derecho penal "primitivo de las cavernas", aunque hay tipos de delincuentes y personalidades "absolutamente incorregibles".

Respecto a la posibilidad de abrir un registro de condenados por delitos contra la libertad sexual, sugerida por el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, la APM abogaría por uno que aumente la coordinación judicial y policial y que permita dotar al sistema de mayor consistencia.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, también ha destacado la necesidad de abrir un debate "serio y sosegado" al margen de casos puntuales con expertos de todas las áreas.

Tapia, que se ha mostrado contrario a reflexionar sobre la cadena perpetua, porque está "proscrita por la Constitución", ha apuntado la posibilidad de que condenados por este tipo de delitos y tras el cumplimiento de sus penas, pudieran ser sometidos a programas de educación sexual o de tipo psicológico, medidas que deberían aplicarse con proporcionalidad, limitación en el tiempo y con respeto a sus derechos.

Sobre la posibilidad de crear un registro de actuaciones, el portavoz de JpD ha resaltado la necesidad de que se garantice la protección de datos y no se trate de sacar "listas públicas de pederastas" que vulneren derechos.

No obstante, ha considerado que todo lo que sea coordinar las actuaciones policiales y judiciales es positivo.

Todas las asociaciones judiciales coinciden en que hay que dejar trabajar al CGPJ y esperar al resultado de la información que ha abierto el órgano de gobierno de los jueces para depurar responsabilidades.

El portavoz de JpD ha calificado de correcta y razonable la decisión del CGPJ, mientras que el de la APM, en relación a las críticas recibidas por el juez del caso, ha considerado que se está sometiendo al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, a un juicio sumarísimo, sin darle oportunidad de defenderse.

Desde la asociación Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz, Lorenzo del Río, coincide en que hay que valorar la necesidad de algún cambio que evite las disfunciones que se puedan haber producido dentro de un debate sosegado.

Esta asociación considera que una vigilancia policial tras el cumplimiento de la pena o un seguimiento médico y psicológico pueden ser medidas útiles frente a la reincidencia.

Para la Unión Progresista de Fiscales (UPF), este caso "tan desgraciado" debe abrir una reflexión sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia ya que es "difícilmente asimilable" entender qué ha pasado, ha dicho su portavoz, Gabriela Bravo.

No obstante, ha indicado Bravo, esta reflexión no debe dirigirse a un endurecimiento de las penas ya que el Código Penal establece respuestas jurídicas proporcionadas, sino a exigir a todos los operadores jurídicos que lo que hay, funcione.