MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha propuesto al resto de las formaciones intensificar "sustancialmente" la capacidad de repatriación de inmigrantes, construir nuevos centros de internamiento en todo el territorio nacional y "flexibilizar" la duración del internamiento, actualmente establecida en 40 días, según consta en el documento "Constataciones y Recomendaciones de la Subcomisión sobre políticas de Inmigración", al que tuvo acceso Europa Press.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha propuesto al resto de las formaciones intensificar "sustancialmente" la capacidad de repatriación de inmigrantes, construir nuevos centros de internamiento en todo el territorio nacional y "flexibilizar" la duración del internamiento, actualmente establecida en 40 días, según consta en el documento "Constataciones y Recomendaciones de la Subcomisión sobre políticas de Inmigración", al que tuvo acceso Europa Press.
Este documento, que será puesto en común con el resto de los grupos con el fin de acordar una política de Estado para la próxima legislatura, incluye un capítulo en materia de seguridad y control de las fronteras, así como de gestión de los centros y dispositivos de emergencia.
En este sentido, propone incrementar los controles fronterizos mediante la dotación de más recursos humanos y técnicos, elaborando bases de datos que permitan aumentar su eficacia y profundizando en la formación de los agentes de frontera, con equipos multinacionales con agentes de otros países europeos e, incluso, con policías de países africanos.
Así, señala la necesidad de continuar extendiendo los sistemas tecnológicos de control y vigilancia de la frontera sur y del archipiélago canario, bajo la coordinación del mando único operativo ya creado. En esta misma dirección, los socialistas apuestan por desarrollar políticas que permitan alejar nuestra frontera exterior o acercarla al territorio de los países origen de la inmigración.
INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA E INTERNAMIENTO
En la misma línea, el documento presentado a los grupos plantea la necesidad de incrementar y mejorar las infraestructuras de acogida e internamiento de los extranjeros en situación de irregularidad, desarrollando la normativa que regula el régimen jurídico de los mismos.
Sobre los plazos de internamiento, los socialistas sugieren modificar la legislación vigente y el plazo máximo de internamiento en los CIEs, articulando un nuevo sistema que sea, por un lado, homologable al del resto de países de la Unión Europea y, por otro, que tenga en cuenta la necesidad de dotar de flexibilidad la duración del internamiento, atendiendo a la necesidad de ajustarlo a las gestiones/negociaciones para la repatriación con los países de origen.
Asimismo, el PSOE apuesta por estudiar y, en su caso, llevar a cabo las reformas normativas convenientes, incluida la reforma del Código Penal, que permitan mejorar la lucha contra la inmigración irregular y combatir las mafias y la criminalidad organizada que trafica con inmigrantes.
UNIÓN EUROPEA
En el ámbito internacional, el documento insiste en promover ante la Unión Europea la asunción por parte de ésta de la obligación de impulsar la participación de los Estados miembros para afrontar la gestión común de la vigilancia y control de fronteras en cooperación con los países de origen y tránsito, a través de la agencia Frontex y, en su defecto, poner, a través de la agencia, a disposición de los países fronterizos de la Unión efectivos suficientes para el control real y efectivo de dichas fronteras.
Igualmente, se promovería el incremento de los medios personales y materiales de la agencia Frontex y la reforma de su reglamento y normativa presupuestaria para asegurar su funcionamiento permanente en las regiones de mayor riesgo -que, en todo caso, incluirán la Comunidad Autónoma Canaria, el Mediterráneo y la fachada del Atlántico Occidental-, así como la financiación del coste total de las operaciones de FRONTEX por la propia Agencia.
También se pide un impulso de los Convenios de readmisión con terceros países, la cooperación judicial y policial para luchar contra las mafias y coordinar los servicios policiales, así como el desarrollo de las relaciones con los países terceros emisores de emigrantes.
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