BILBAO.- El presidente del EBB del PNV exigió al PSOE, al Gobierno central y, en concreto, a su presidente la aceptación de sus 10 enmiendas, si quiere contar con sus votos para la aprobación del proyecto de reforma en torno al aborto. Entre ellas, figura el reconocimiento del derecho de objeción entre los profesionales sanitarios o el requisito de que las menores con edad superior a los 16 años comuniquen a sus padres o tutores la intención de abortar.
Iñigo Urkullu, en un desayuno informativo
Urkullu realizó estas manifestaciones en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que también estuvieron presentes, entre otros, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, y la secretaria del EBB, Belén Greaves.
En su comparecencia, el líder del PNV señaló que el citado proyecto de ley ha provocado en el seno del partido, al igual que ocurre con otras iniciativas, una reflexión, debate y toma de posición. Urkullu indicó que el debate se ha afrontado en el partido "con absoluta responsabilidad" y, tras asegurar que les merece todo "el respeto" la conciencia personal y ética de cada persona, manifestó que son un partido que tiene que dar "una respuesta ante una realidad social".
"No tenemos ningún problema en cuanto a que la decisión del PNV, desde sus órganos, sea en este caso desde el EBB, los representantes del PNV en las instituciones la lleven a efecto", agregó.
Urkullu indicó que no se ha planteado el debate como una cuestión de "conflictos entre derechos", sino superando "una actitud que pudiera resultar maniquea, del si o del no". Asimismo, destacó que han intentado "salvaguardar el respeto a la moral y a la conciencia de cada persona". "No es un debate entre la vida y la muerte, de confrontación de derechos, ni un debate maniqueo", aseguró.
No obstante, señaló que el PNV entendía que se estaba ante un debate sobre el derecho de la mujer a una "mejor salud", sobre las garantías que se deben ofrecen en el ámbito sanitario para salvaguardar la salud de las personas.
Urkullu afirmó que no cree que nadie esté "voluntariamente" a favor del aborto y señaló que, partiendo de ese supuesto, destacó que hay que tener en cuenta que la ley de despenalización parcial del aborto tiene 24 años.
En este sentido, aseguró que lo que pretenden es "mejorar" la regulación de esa despenalización y ello, según indicó, "no significa favorecer el aborto". "Lo que perseguimos es intentar evitar, en lo posible, la práctica y en su caso, con las máximas garantías sanitarias si esta se produce", señaló.
Urkullu manifestó que la práctica del aborto es "un hecho" y la propia interrupción del embarazo es "un fracaso", pero indicó que, "ante esa realidad", hay que ofrecer una "mejor regulación" que la que existe.
El líder del PNV aseguró que la postura del partido es "absolutamente legítima". "Hemos llegado a la conclusión de que al proyecto de ley hemos de presentar una serie de enmiendas que intenten mejorar la regulación no solamente existente, sino el proyecto que el propio Gobierno español plantea", agregó.
En este sentido, Urkullu advirtió al PSOE, al Gobierno central y a su presidente, Josu Luis Rodríguez Zapatero, de que, a pesar de pueden recurrir a más "socios" para sacar adelante esta iniciativa, si quieren contar con los votos del PNV, deberán "satisfacer" estas enmiendas. Urkullu precisó que todavía no han sido objeto de negociación estas enmiendas entre el Ejecutivo y su grupo.
ENMIENDAS
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, fue el encargado de explicar las diez enmiendas que presentará su grupo y que clasificó en cinco bloques. El diputado vasco señaló que, en principio, se registrarán mañana en el Congreso, dado que es el último día para presentarlas, pero en caso de que amplíe el plazo, no descartan posponer su presentación para "un mejor acierto en su formulación".
Uno de esos bloques, en los que se incluye una enmienda, tiene que ver con el conocimiento de los padres y los tutores sobre los abortos de menores de edad. Erkoreka señaló que se trata de una enmienda de adición que contempla un nuevo requisito que supone para las embarazadas menores de edad y mayores de 16 años la necesidad de que conste "inequívocamente" la comunicación a los padres o tutores legales.
Otro de los bloques, incluye dos enmiendas, una de ellas para incorporar una nueva disposición en la que se reconozca el derecho de objeción de conciencia a los profesionales sanitarios. Erkoreka indicó que plantean también que el Gobierno remita un proyecto de ley para regular esa objeción de conciencia. En la segunda enmienda de este bloque, se propone que en la exposición de motivos se incluya ese reconocimiento de la objeción de conciencia.
Un tercer bloque, en el que se prevé una enmienda, tiene como objetivo suprimir del texto el párrafo siete del bloque segundo de la exposición de motivos y donde "se viene a confrontar la vida y la libertad con valores constitucionales". A su juicio, se trata de elemento retóricos, cuya "carga ideológica es inadecuada para la ley"
Erkoreka señaló que la voluntad del PNV es no ahondar en "conflictos ideológicos" y por ello pretende que el texto sea lo más "aséptico" posible.
Otro bloque, que hace referencia a cuatro enmiendas, busca "salvaguardar" las competencias autonómicas en materia sanitaria. Una de esas enmiendas tiene que ver con la mención con el hecho de que el texto, en su artículo 11, atribuya al Gobierno central la elaboración del Plan Estratégico para la salud sexual y reproductiva. A su juicio, su elaboración debe corresponder al Ejecutivo y las comunidades autónomas, en base al principio de "cooperación" y "con respeto a su respectivo ámbito competencial"
Otra de propuesta de este bloque afectaría al artículo 19 de proyecto, en el que se relacionan las medidas para garantizar la prestación por servicios de salud y se hace referencia a unos contenidos básicos de la prestación que serán fijadas reglamentariamente por el Gobierno central. En opinión del PNV, esas condiciones, si son básicas, no se puede hacer por vía reglamentaria, sino a través de norma con rango de ley.
Asimismo, en relación con la disposición adicional única del proyecto, el PNV también presenta una enmienda al texto, ya que considera que no debe ser la alta inspección sanitaria del Estado la que elabore un informe anual. A su juicio, la redacción de esta cuestión es "centralista" y cree que en la elaboración de este informe se debería contar con la información suministrada por las comunidades autónomas y el mismo debería ser elaborado y consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Dentro de este mismo bloque relativo a las competencias, se plantea otra enmienda para incorporar en la exposición de motivos una cláusula en la que se exprese el compromiso de las comunidades autónomas y la participación de las mismas en la elaboración de estos informes.
El último bloque de enmiendas, que esta compuesto por dos iniciativas, se busca asegurar "al máximo nivel" las garantías en las condiciones de la prestación de los servicios sanitarios en la interrupción del embarazo.
En concreto, hacen referencia al artículo 13, que especifica los requisitos para la interrupción del embarazo. El PNV quiere que se modifique el párrafo primero de ese para que, en lugar de "la interrupción habrá de practicarse por un médico o bajo su dirección", se señale que habrá de practicarse "por un médico especialista".
La otra enmienda hace referencia al párrafo segundo del artículo 13, para que se incorpore el término "sanitario" cuando se dice que el aborto habrá de practicarse en "centros públicos o privados acreditados".
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