CDC y PSC suspenderán la militancia a sus políticos encarcelados por corrupción

Barcelona.-  CDC y PSC han decidido suspender la militancia a sus políticos encarcelados por la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, que hoy ha provocado un cisma en Badalona (Barcelona), donde el alcalde ha pedido la dimisión al consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona SA.

Un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretara anoche prisión para los principales implicados, CDC ha anunciado que el próximo lunes suspenderá temporalmente de militancia a dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha anunciado la decisión de suspender de militancia, de forma temporal, a ambos militantes, ya que "su inocencia será mejor defendida y demostrada" fuera del partido.

Oriol Pujol también ha desvelado que su padre, Jordi Pujol, asiste "consternado" al encarcelamiento de Alavedra y Prenafeta, dos de sus más estrechos colaboradores durante su largo mandato al frente de la Generalitat, por lo que "arrastra un punto de tristeza" y "no se ha tomado muy bien" las informaciones sobre la trama de presunta corrupción urbanística.

Anoche, justo después de conocerse el auto de Garzón, el PSC ya anunció que el lunes suspendería de militancia -en este caso sin ser de forma temporal- al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco -ambos encarcelados- y también al director de servicios Pasqual Vela -con una fianza de 25.000 euros-, y que les pediría que renuncien a sus cargos.

Pese a que el epicentro de la trama está situado en Santa Coloma de Gramenet, la difusión del auto del juez Garzón sobre la operación "Pretoria" ha provocado hoy un cisma en Badalona (Barcelona), localidad en la que el juez investiga la compra-venta de un solar en el puerto deportivo.

En el auto, Garzón señala que el consejero delegado de la sociedad pública Marina de Badalona, Juan Felipe Ruiz, era el contacto badalonés del cerebro de la trama, Luis García, lo que ha llevado hoy al alcalde, el socialista Jordi Serra, a pedirle que abandone su cargo.

Marina de Barcelona SA, presidida por Serra, es una sociedad mercantil participada al 50% por el Ayuntamiento de Badalona y por el Consejo Comarcal del Barcelonés, y que ahora está siendo investigada por la compra-venta por parte de este ente de un solar en el puerto deportivo, en una operación llevada a cabo entre los años 2002 y 2004.

Quince meses después de adquirir el local, Marina de Badalona lo vendió a Espais -presidida por el también imputado Luis Casamitjana- y Procam, con una revalorización "considerable", según Garzón, de forma que "el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o 'conseguidores'", entre ellos Luis García, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

Esta operación se instrumento a través de Badalona Building Waterfront SL, de quien es consejero el propio Juan Felipe Ruiz, por lo que el alcalde le ha pedido hoy que abandone su cargo.

En el auto de Garzón también aparece citado el gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas, por participar en reuniones con el alcalde de Santa Coloma y el cerebro de la trama, que derivaron en la elaboración por parte del consistorio de facturas falsas para desviar 1,3 millones de fondos de la Unión Europea.

Ante estos hechos, el Incasòl ha decidido hoy revisar las gestiones que han mantenido con el Ayuntamiento de Santa Coloma, si bien este organismo público dependiente de la Generalitat ha asegurado que de la "estricta lectura" del auto "no se desprende ninguna acusación" hacia Emili Mas.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consellería de Justicia han criticado hoy que los detenidos en la operación "Pretoria" fueran ayer expuestos esposados ante los periodistas en las puertas de la Audiencia Nacional y han exigido que se respete su "derecho a la dignidad".