Bogotá.- A partir de este domingo y tras el vencimiento de los siete años de moratoria solicitados, Colombia quedará bajo la competencia plena de la Corte Penal Internacional (CPI), que podrá investigar crímenes de guerra cometidos en el país por diferentes sectores.
En la imagen, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. EFE/Archivo
Con el vencimiento de ese plazo pedido por Colombia en 2002, la CPI ahora podrá investigar delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Colombia desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra posteriores al 1 de noviembre de 2009.
En 2002, cuando entró a operar la CPI, el presidente colombiano saliente, Andrés Pastrana (conservador, 1998-2002), y el recién elegido, Álvaro Uribe, pidieron la moratoria a fin de facilitar una salida negociada al conflicto armado que ha sacudido al país por más de medio siglo.
Pastrana había intentado, sin éxito, negociar una salida política con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para lo cual cedió una tajada del territorio a esa guerrilla.
Entre tanto, Uribe, que llegaba al poder con la intención de no dialogar con las FARC, implantó la llamada "Política de Seguridad Democrática", con la que la que, según estadísticas oficiales, ha recuperado la confianza del país, al tiempo que ha asestado importantes golpes a la guerrilla minando su accionar.
Sin embargo, vencido ese período de gracia, el conflicto interno colombiano sigue vivo aunque con menor intensidad, especialmente tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de Uribe (reelegido en 2006) y los paramilitares, que permitió que unas 50.000 personas dejaran las armas.
Antes de la entrada del CPI en el país, el embajador colombiano ante ese organismo, Francisco Lloreda, consideró que no hay ninguna razón para que la Corte Penal Internacional abra investigaciones en Colombia por crímenes de guerra.
Esta semana, en el encuentro internacional "Retos y perspectivas de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia", realizado en Bogotá, Lloreda recordó que miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados.
Y el fin de la CPI es intervenir cuando los Estados no realicen investigaciones o éstas no sean eficaces, es decir, cuando se detecte impunidad en los procesos judiciales por delitos graves.
De acuerdo con el embajador, lo que sucede en Colombia no es comparable con otros países, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya ha intervenido.
Sin embargo, Marcelo Pollack, responsable de Amnistía Internacional para Colombia, dijo a Efe que aunque ha habido avances en algunos casos emblemáticos de derechos humanos en este país, principalmente a raíz de la presión internacional, la mayoría de los abusos siguen en la impunidad.
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