La agresión dificulta el diálogo del Gobierno y los indígenas sobre la educación en Ecuador

Quito.-  La agresión que sufrió ayer el director en Pichincha de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), César Guanoluisa, dificulta el diálogo que mantiene el Gobierno de Ecuador con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en temas de educación, informó hoy el Ministerio del ramo.

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(EFE)

El Ministerio de Educación rechazó la agresión perpetrada contra el director en Pichincha de Educación Intercultural Bilingüe, quien "fue agredido verbal y físicamente, sometido a azotes con ortiga por miembros de la Federación del Pueblo Cayambi. EFE/Archivo

En un comunicado, el Ministerio de Educación rechazó la agresión perpetrada contra Guanoluisa, quien "fue agredido verbal y físicamente, sometido a azotes con ortiga por miembros de la Federación del Pueblo Cayambi, filial de la Ecuarunari (filial de la Conaie en los Andes) y de la Conaie".

"Este atentado contra los derechos humanos fundamentales del funcionario pone en difícil situación las conversaciones entre la Conaie y el Ministerio de Educación", puntualiza el Ministerio, al tiempo que exige "una inmediata disculpa de la dirigencia indígena, más allá de que los agresores deberán enfrentar las consecuencias legales de sus acciones".

Las acciones violentas estuvieron lideradas por el presidente de la Federación del Pueblo Cayambi, Ramón Lanchimba, así como por el ex asambleísta Ricardo Ulcuguango, entre otros dirigentes y educadores bilingües afines a la Conaie y la Ecuarunari, indica.

Añade que la agresión se produjo en el propio local de la dirección de la EIB de Pichincha, en una asamblea de la Federación del Pueblo Cayambi que se desarrolló allí con permiso de las autoridades provinciales "pero que lastimosamente se desbordó y concluyó en los incidentes señalados".

El Ministerio de Educación confirmó su disposición al diálogo para el desarrollo y afianzamiento de la educación intercultural, en el marco de la Constitución y las leyes, teniendo siempre en cuenta el respeto de los derechos humanos y derechos colectivos.

"Agresiones como la sufrida por César Guanoluisa representan la vulneración de derechos humanos fundamentales y van dirigidas a desconocer la rectoría del Ministerio de Educación y de sus autoridades sobre la Educación Intercultural Bilingüe", señala sin precisar qué motivó el suceso violento.

El Ministerio de Educación responsabilizó "a la Conaie y Ecuarunari de cualquier agresión que pueda suceder en el futuro a cualquiera de las actuales autoridades y funcionarios del sistema bilingüe, toda vez que por diferentes medios son sujetos de constantes amenazas", finaliza el comunicado.

El hecho violento ocurrió la misma semana en que la Conaie y el Gobierno lograron un acuerdo por el que trabajarán conjuntamente en la elaboración de un nuevo decreto para designar a las autoridades de educación intercultural bilingüe (español-quichua).

En una reunión entre la Conaie, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, y la secretaria de Pueblos, Doris Solíz, las partes consiguieron un pacto para el nombramiento de directivos educativos, una de las inquietudes que llevaron a los indígenas a protagonizar un levantamiento durante los últimos días de septiembre pasado.

El Gobierno argumenta que antes, como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no estaba bajo la rectoría de las políticas del Gobierno, no existía ningún control sobre los textos escolares indígenas y los contenidos académicos, a los que ha calificado como de mala calidad.

Por ello, diseñó un plan que desembocó en el decreto 1585, que fue criticado por las comunidades por considerar que no contemplaba su participación en la gestión educativa intercultural.

Después de las protestas indígenas, que se saldaron con un manifestante fallecido y unos 40 policías heridos, el Gobierno y la Conaie comenzaron un proceso de diálogo en el que, en diferentes mesas de trabajo, estudiaron los desacuerdos en varios temas.

Los delegados de ambas partes trabajan, entre otros aspectos, sobre un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que las comunidades temen que privatice la gestión del agua, y sobre una Ley de Minería, que los indígenas consideran que puede atentar contra el medio ambiente, ambos argumentos negados por el Ejecutivo.